Los trabajadores de la Administración de Justicia de Zamora mantienen la huelga "sin ningún tipo de expectativa"
Decenas de trabajadores de la Administración de Justicia han vuelto a salir con silbatos, bocinas y pancartas en mano para dejar firma una jornada más su postura y reclamaciones tras más de dos meses de protestas y a horas de que el Ministerio de Justicia de Pilar Llop se siente a negociar con el Comité de huelga.
Los trabajadores salían a la confluencia de la calle Regimiento de Toledo con avenida Requejo "sin ningún tipo de expectativa": "Nos han convocado de manera genérica". En ese sentido, la representación de los más de 200 trabajadores de la Administración en Zamora recuerdan que el Comité ya le trasladó al Gobierno central las propuestas "claras y concisas" para poner fin al parón en el sector y que se ha saldado con un largo listado de citaciones judiciales aplazadas tras cuatro meses de protestas iniciadas de manos de los letrados y ahora de los funcionarios.
Recuerdan que sin funcionarios "no hay justicia" y piden una Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia (LOEO) sin trampas, con funciones claras y retribuciones justas. Los sindicatos organizadores, CSIF, STAJ, CCOO y UGT, exigen al Gobierno exigen una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario y que oscilaría entre los 350 y 430 euros. Además, solicitan que dicha subida se tramite como concepto ‘Complemento general del puesto’ de manera que se traduzca en una subida efectiva del sueldo del colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen.
Una propuesta que parece ser que será valorada en el encuentro de este martes a las 12:15 horas, pero sobre el que los propios funcionarios prefieren no depositar excesiva confianza, por lo que mantienen las protestas.
El colectivo supone el 93% del personal de la Administración de Justicia e implica a más de 45.000 funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales de nuestro país, 2.800 de ellos se encuentra repartidos por las nueve provincias de Castilla y León. Según los cálculos realizados por el Comité de huelga, a nivel global que se han suspendido o aplazado más de un millón de juicios que se suman a las más de 40 millones de actuaciones judiciales paralizadas y millones de ciudadanos afectados.