La oposición acusa a la Junta de derivar la prestación de servicios sociales a la Diputación
La Junta transferirá 40 millones de euros a la Diputación a cambio de que la institución provincia se haga cargo de determinados servicios como la ayuda a domicilio y que se traducirá en al menos 1,5 millones anuales de fondos propios
Los grupos de la oposición han mostrado su disconformidad al apuntar que se trata de competencias que le corresponde prestar al Gobierno regional
El pleno de la Diputación de Zamora ha aprobado, no sin polémica, el acuerdo marco de cofinanciación de los servicios sociales 2024- 2027 entre la Excma. Diputación Provincial de Zamora y la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Firmado por un importe de 39.966.872,64 euros, permitirá la prestación de servicios esenciales para los habitantes del medio rural como es la ayuda a domicilio, infancia, dependencia y servicios en materia de igualdad.
El acuerdo establece que la Junta de Castilla y León transferirá 40 millones de euros a la Diputación de Zamora hasta el año 2027. A cambio, la Institución provincial se responsabilizará de la prestación de servicios, destacando la ayuda a domicilio como la partida principal y que se traducirá en al menos 1,5 millones anuales de fondos propios para completar el coste del servicio. Además, se incluyen servicios relacionados con el apoyo a personas dependientes y el programa Crecemos, destinado a la creación y mantenimiento de guarderías en el medio rural para niños de cero a tres años.
El punto ha salido adelante con los 13 votos a favor, 10 abstenciones y el voto en contra del diputado de Vox. David García mostraba su disconformidad acusando a la Junta de "encasquetar la ejecución de los servicios a los ayuntamientos y diputaciones" y apuntaba que la firma de este acuerdo marco se traduciría en el pago por parte de la institución provincial, "o sea, de los zamoranos", de 1,3 millones de euros anuales.
En el mismo sentido apuntaba el portavoz de Zamora Sí, Eloy Tomé, dando la razón a García al apuntar que la Diputación estaba asumiendo con este acuerdo "competencias impropias". Por su parte, al portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Laura Rivera, apuntaba a la escasez de fondos por parte del Ejecutivo regional de un convenio que "se queda corto" porque, en lugar de servir para implementar más y mejores servicios, sirve para cubrir "las carencias de la propia Junta" en una provincia tan marcada por el envejecimiento.
"¿Qué prefieren, que pongamos nosotros ese dinero a mayores para que llegue a la gente de la provincia o que no pongamos nada y que la gente se quede sin ese servicio?". En este sentido, el vicepresidente segundo y diputado de Personal, Régimen Interior, Política Social y Familia, Ramiro Silva, reconocía la importante apuesta de la Diputación que sólo en materia de ayuda a domicilio se encarga del 21% del coste del servicio.
Silva reiteraba que, si bien la Diputación es la entidad local "que más dinero pone de toda Castilla y León", es algo que les enorgullece "porque de no ser así muchos servicios no llegarían. Entonces, nosotros no vamos a dar ni un paso atrás en este sentido. Y si pudiésemos poner más, no dude que lo haríamos".