Los técnicos rechazan la auditoría que pidió la oposición municipal
La Secretaría General y la Intervención del Ayuntamiento han emitido sendos informes técnicos en los que rechazan la auditoría de contratos municipales que solicitaron los grupos de la oposición municipal en el Consistorio zamorano.
El gabinete de Alcaldía, que remitirá los informes a los grupos de la oposición, informó hoy de la postura contraria de los técnicos, que en sus escritos concluyen que la auditoría "no es procedente".
El equipo de Gobierno municipal explicó que según dichos informes la petición queda fuera del amparo legal de los artículos en los que se sustenta la solicitud. En este sentido señala la Secretaria General que "el informe al que se refieren estos artículos está supeditado a la existencia de un procedimiento en el que haya de producirse un acuerdo de la Corporación" y este no es el caso.
Además, según los informes, los contratos a los que hace referencia la solicitud se ajustan a los requisitos legales de contratación. Al respecto, el Interventor señala que existe "conformidad suficiente con la norma", aunque aboga por una mejor planificación y organización.
La Alcaldía resaltó que los contratos que se pedía auditar han sido ya objeto de control y fiscalización por parte de los técnicos, más allá incluso de lo que establece la legislación. Sobre ese aspecto aludió al informe de la Secretaría que argumenta que los contratos "han tenido controles de legalidad por los responsables técnicos de los Departamentos gestores del gasto y controles por el Servicio de Intervención en dos momentos de la tramitación del expediente..", un control que no sólo se ha llevado a cabo en los procedimientos negociados como establece la legislación, sino también en los contratos menores "con un plus de control sobre lo que establece la ley".
El equipo de Gobierno municipal indicó que el informe solicitado por la oposición parte de hipótesis que son "meras conjeturas" al presuponer que la sustitución de los procedimientos de contrato menores y negociados, que permite la ley, supondría un ahorro económico para la institución pero sin tener en cuenta el coste económico añadido que supone la tramitación administrativa de procedimientos más complejos y su prolongación en el tiempo. En este sentido, el propio Interventor señaló que resulta imposible determinar si otro procedimiento de contratación hubiese tenido efectos económicos sobre el precio ni si los efectos hubieran sido "mayores o menores que los efectos económicos positivos derivados de ahorros de coste de tramitación en la gestión".