Francisco Guarido se pronuncia sobre la huelga en el servicio de basuras: “La ciudad no puede verse perjudicada”
La amenaza de huelga en el servicio de recogida de basuras de Zamora sigue siendo una preocupación para el Ayuntamiento y la concesionaria del servicio. Esta semana, el comité de empresa se reunirá en el SERLA (Servicio Regional de Relaciones Laborales) con la empresa encargada del servicio para intentar llegar a un acuerdo y evitar la paralización del servicio.
El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha explicado que aunque el comité de empresa ha solicitado una reunión con él directamente, ya se han mantenido encuentros con otros miembros del equipo de gobierno. El alcalde ha asegurado que el Ayuntamiento está comprometido con la resolución del conflicto y que, en reuniones previas con la empresa, se ha transmitido la preocupación por la situación.
La razón principal de la posible huelga es la falta de acuerdo sobre la distribución de la revisión de precios, que el Ayuntamiento ha incrementado en 350.000 euros tras dos años de servicio. Sin embargo, según Guarido, la empresa tiene la libertad legal de distribuir esos fondos como considera, aunque existe una cuestión ética sobre la distribución de esos fondos. El alcalde recordó que en la oferta presentada por la empresa, la mayor parte del dinero (entre el 70 y 80%) debía destinarse a los costos de personal, algo que debería reflejarse en la distribución del presupuesto.
Guarido también comentó que aunque la empresa puede repartir los fondos como estime conveniente, el pliego de condiciones establece que la empresa está obligada a prestar el servicio incluso en caso de conflicto colectivo. En caso de no cumplir con esta obligación, el Ayuntamiento aplicará las medidas necesarias, aunque no adelantará si se tratará de sanciones.
El alcalde ha subrayado que, en caso de huelga, los trabajadores verían descontados sus salarios, pero insistió en que la ciudad no puede verse afectada por el conflicto, y destacó que la responsabilidad también recae sobre la empresa, que firmó el contrato. La postura del Ayuntamiento es clara: si la empresa no cumple con sus obligaciones, no se permitirá que la situación quede sin consecuencias, pues no sería justa para los ciudadanos ni para los trabajadores.