El Ayuntamiento tiene que abonar 375.000 euros extras por la expropiación del Polígono de la Hiniesta
IU recuerda que el PP no ha pedido responsabilidades al entonces alcalde, Antonio Vázquez, por la anulación del PGOU.
Izquierda Unida afirma que el Ayuntamiento tiene que hacer efectiva la idemnización de 375.000 euros extras por la expropiación del Polígono de la Hiniesta debido a la anulación del PGOU de 2001. IU señala que el Decreto 2818 de 8 de Julio de 2014 establece la cantidad extra a pagar a la familia Crespo Bernardo (93.107 euros) por la ilegal expropiación de una finca para la construcción del Polígono de la Hiniesta hace ya casi 15 años.
A esta cantidad, según recuerda Izquierda Unida, hay que añadir los otros 285.794 euros extras que se derivan de la misma causa por otras dos fincas, y según el Decreto 1833, lo que supone un total de 378.901 euros que deberá pagar el Ayuntamiento de forma extraordinaria "por la ilegal expropiación de las fincas del Polígono de la Hiniesta a los propietarios que recurrieron, que evidentemente por suerte para el Ayuntamiento no fueron todos".
El dinero extra a pagar "es consecuencia directa de la anulación del Plan de Urbanismo de 2001 por el Tribunal Supremo, y en el que se establecía la expropiación de esas fincas para hacer un polígono industrial. Hecho el Polígono el Plan se declaró ilegal, y en consecuencia también ilegales todas las expropiaciones que se hubieran realizado a su amparo. Como es imposible dar marcha atrás, la Ley establece que en estos casos se compense a los propietarios por parte del ayuntamiento correspondiente con un 25% extra, y además se valoren de nuevo las fincas y se indemnice compensatoriamente, en su caso, por el órgano expropiador".
En resumen -señala IU-, el Ayuntamiento tiene que pagar esos 378.901 euros correspondientes al 25%, "y SEPES como órgano expropiante otra cantidad resultado de las nuevas valoraciones que el Grupo Municipal de IU desconoce en estos momentos".
Como valoración municipal, IU indica que "sí existen consecuencias cuando un Plan de Urbanismo se anula, como puede comprobarse con esta reclamación", así como que "sí existe una responsabilidad del diputado Antonio Vázquez como alcalde, quien no sólo no ha sido censurado por su partido, sino que ha sido aplaudido e impulsado a representaciones políticas más altas".
Además, según Izquierda Unida, "a esta sentencia hay que añadir otras: UFC, expropiación edificio adosado a la Muralla, revisión de precios a Raga, varias liquidaciones a Arcebansa, revisiones de precios a Telvent, entre otros, que presagian un futuro económico incierto".
"Las sentencias -concluye IU- siempre ponen de manifiesto una gestión errónea. El PP en el Ayuntamiento tiene frente así varias que hacen referencia al urbanismo, edificio municipal y Valorio (pendiente del TSJ de Madrid) que ponen sobre la mesa cómo pagan económicamente los ciudadanos esos errores mientras sus responsables son aupados por sus partidos a más altas cotas de poder siguiendo en la política el principio de Peter: todo político del PP es promocionado por su partido hasta alcanzar el máximo grado de incompetencia".