Desestimada una demanda contra el Ayuntamiento de casi un millón de euros
El Juzgado da la razón al Consistorio frente a la promotora urbanística que había presentado una querella criminal contra el secretario del Ayuntamiento y el concejal de Urbanismo durante el mandato de Rosa Valdeón, Feliciano Ferrero. La promotora pretendía construir una urbanización ocupando parte del "Cordel sanabrés" propieda de la Junta de Castilla y León.
El Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Zamora ha desestimado la demanda presentada por una promotora urbanística que pretendía construir una urbanización llamada "Espíritu Santo" en la Carretera de Alcañices a la altura del final del Parque de la Frontera, ocupando una parte de la vía pecuaria conocida como el "Cordel sanabrés", propiedad de la Junta de Castilla y León. La demanda ascendía a 928.521 euros.
Pese a que la promotora compró los terreno en el año 2.005 y el PGOU de 2001 los contemplaba como urbanizables, en el año 2.006 la Junta de Castilla y León hizo el deslinde de la vía pecuaria del "Cordel sanabrés" sin que los promotores recuerrieran el deslinde ni acudieran al Juzgado de lo Civil para dirimir la propiedad entre ellos y la administración autonómica.
Ya en el Plan General de Ordenación Urbanística de 2011 se contemplaba el Cordel Sanabrés, un plan que tampoco fue recurrido por la empresa promotora y que decidió presentar una querella criminal contra el secretario del Ayuntamiento de Zamora y contra el concejal de Urbanismo de la época, Feliciano Ferrero, siendo alcaldesa Rosa Valdeón. La querella también se presentó contra la Junta de Castilla y León. Dicha querella acabó archivándose cuatro años más tarde de su presentación, ya con Francisco Guarido en el consistorio.
La pretensión de la promotora inmobiliaria también fue rechazada por el Consejo Consultivo que acabó dando la razón al Ayuntamiento, es decir, se trataba de un conflicto de propiedad entre unos particulares y la Junta de Castilla y León que debía ser resuelta previamente en los juzgados antes de cualquier aprobación urbanística.
Finalmente, y aunque el fallo del juzgado puede ser recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia, ha quedado desestimada la demanda contra el Ayuntamiento de Zamora y la Junta de Castilla y León, rechazando la responsabilidad patrimonial que se imputaba desde la promotora y que ascendía a 928.521 euros.