Decenas de docentes de Zamora exigen medidas urgentes para mejorar la atención a la diversidad en las aulas

Junta de Personal Docente
La Junta de Personal Docente denuncia ratios desbordadas, falta de personal especializado y barreras arquitectónicas que dificultan la inclusión real del alumnado con necesidades educativas

La Junta de Personal Docente de Zamora ha lanzado una advertencia clara a la Consejería de Educación de Castilla y León: la atención a la diversidad en los centros públicos no universitarios es “preocupante” y requiere “medidas urgentes y efectivas”. Así lo expresaron este jueves en una concentración en la capital zamorana, donde reclamaron un refuerzo inmediato de recursos humanos, materiales y estructurales para garantizar una educación verdaderamente inclusiva.

Los representantes docentes alertan de un aumento sostenido del alumnado con necesidades educativas especiales, muchas de ellas asociadas a un alto grado de discapacidad, falta de autonomía y necesidad de atención continua. A esta realidad se suma la llegada creciente de estudiantes procedentes de otros países, que con frecuencia presentan desfases curriculares y dificultades de adaptación al sistema educativo español. La combinación de ambos perfiles ha convertido las aulas en espacios con enormes exigencias para el profesorado, sin que, denuncian, los centros cuenten con los medios adecuados para afrontarlas.

Uno de los puntos más críticos es el de las ratios. Aunque existe un límite oficial de dos alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEES) por clase, en la práctica esta cifra se supera durante el curso al diagnosticarse nuevos casos. “Nos encontramos con niños no verbales, sin autonomía para abrir un libro o coger un lápiz, que requieren atención constante en aulas ya saturadas”, señaló un portavoz de la Junta Docente durante la concentración. “Las ratios no solo son altas, sino que no tienen en cuenta el grado de discapacidad”.

La situación es especialmente compleja en los programas de refuerzo educativo. Profesores como María Invención, docente de compensatoria en los institutos Miguel de Cervantes y Alejandro Casona, aseguran que el apoyo es claramente insuficiente: “Trabajo con niños inmigrantes y de minorías étnicas que llegan con muchas carencias, pero comparto horario entre dos centros. Las necesidades son mayores que los recursos que se ofrecen”. Y añade: “Mis compañeras de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje están incluso peor; las ratios son muy altas y no llegan a todo”.

Junta de Personal Docente

La Junta Docente ha detallado un paquete de propuestas, entre las que destacan:

  • Reducción drástica de ratios: 4 alumnos por docente en Pedagogía Terapéutica, 8 en Audición y Lenguaje y 15 en compensatoria.

  • Refuerzo de plantillas: incorporación de más orientadores, especialistas y ayudantes técnicos educativos, así como sustitución inmediata del personal de baja.

  • Aulas específicas y de enlace: espacios adaptados dentro de los centros ordinarios para alumnado con alta diversidad funcional y para estudiantes recién llegados al sistema educativo español.

  • Dotación de recursos materiales: medios tecnológicos, mobiliario adaptado y herramientas específicas según las necesidades del alumnado.

  • Accesibilidad plena en los centros: eliminación de barreras arquitectónicas y adecuación de todos los espacios para garantizar el acceso del alumnado con discapacidad.

Los docentes también denuncian que, pese a estar financiados por el Fondo Social Europeo, programas como el PROA y PROA Plus se activan tarde y se desarrollan fuera del horario lectivo, lo que dificulta su efectividad.

“La red pública es la que está absorbiendo toda esta realidad, mientras que los centros concertados no están preparados ni obligados a asumirla”, advirtieron desde la Junta Docente, reclamando un reparto equitativo del alumnado con necesidades educativas dentro de la propia red pública.

La plataforma concluyó reiterando su compromiso con la calidad educativa y emplazando a la Consejería a convertir la atención a la diversidad en una prioridad real. “No se puede hablar de inclusión si no hay recursos para hacerla posible”, subrayaron.