Castro intermedia en la "discusión bizantina" entre Maíllo y el portavoz de la Junta por la reforma local
El delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Alberto Castro, se ha referido hoy al cruce de declaraciones entre el presidente del PP de Zamora y vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Fernando Martínez Maíllo, y el consejero de Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, a cuenta de la reforma de la Administración Local y la asunción por parte del Gobierno regional de competencias que actualmente prestan los municipios.
Preguntado por las declaraciones efectuadas ayer por De Santiago-Juárez en las que acusaba a Maíllo de hacer unas declaraciones "a escondidas" y de no defender los intereses de la Comunidad Autónoma, Castro pidió quedarse con el fondo de la nueva normativa y "no tanto en cómo llegar a él porque muchas veces se convierten en discusiones bizantinas".
A juicio de Castro, que además de delegado territorial de la Junta es secretario provincial del PP de Zamora, lo que hay que explicar a los ciudadanos es que "todas las Administraciones intentan defender los servicios públicos". Por ello, reclamó dejar de hablar "de singularidades" y centrarse en "lo que le importa a la gente". A este respecto, aseguró que lo fundamental es que los ciudadanos reciban servicios públicos de calidad de sanidad y educación.
Preguntado por si el Gobierno regional deberá asumir competencias como la de los consultorios desde que entre en vigor la nueva normativa, Castro afirmó que ese asunto está abierto a una decisión del propio ministerio y esa cuestión debe determinarla el ministro de Hacienda.
La polémica entre Martínez Maíllo y De Santiago-Juárez, ambos del PP, ha surgido a cuenta del mantenimiento de consultorios locales y centros educativos, que ahora asumen los municipios pero que con la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local será competencia de la Junta de Castilla y León. El Gobierno regional entiende que no debe asumir esa competencia hasta que no disponga de financiación para ello mientras que el vicepresidente de la FEMP y presidente de la Diputación de Zamora opina que la Junta tiene que asumir el coste desde la entrada en vigor de la normativa.