Ahora Decide califica como un paso atrás la nueva ley de residencias de Cyl que entra ya en vigor
En la antesala de la entrada en vigor de la nueva Ley de Residencias de Castilla y León, el panorama parece turbio según el análisis de Ahora Decide, que califica el nuevo marco legal como un retroceso en materia de atención a los ancianos en la región.
Después de un proceso legislativo de cuatro años, la anticipación y esperanza en una modernización y mejora de los servicios de residencias se desvanece ante la firma de una ley que, según la organización, resulta insuficiente e ineficaz.
La falta de compromisos presupuestarios claros, la ausencia de medidas concretas para incrementar el número de residencias públicas y la carencia de disposiciones que regulen el personal y los servicios ofrecidos son algunas de las críticas vertidas por Ahora Decide.
En Zamora, una de las provincias más envejecidas de España, donde la demanda de plazas en residencias supera con creces la oferta disponible, la nueva legislación no responde a las necesidades urgentes de la población mayor.
"La nueva ley no solo no resuelve los problemas sociales existentes, sino que también parece no anticipar mejoras significativas para el futuro", lamenta un portavoz de Ahora Decide
Entre las principales carencias señaladas por la organización se encuentra la falta de disposiciones para garantizar plazas de convalecencia sociosanitaria y la ausencia de exigencias concretas en cuanto a equipos multidisciplinares y unidades de convivencia en las residencias.
Ante este panorama, Ahora Decide insta a la Consejera zamorana a impulsar el desarrollo reglamentario de la ley, con el fin de concretar aspectos cruciales para la mejora de los servicios de atención a los ancianos en la región.
Además, la organización reitera la urgencia de contar con al menos dos residencias públicas de ancianos en la ciudad de Zamora para hacer frente al creciente número de personas mayores y garantizar una atención adecuada y digna para todos los ciudadanos.
La entrada en vigor de la nueva ley mañana 14 de mayo suscita incertidumbre y preocupación entre los ciudadanos y grupos de interés, que esperan que se tomen medidas concretas para abordar los desafíos en el cuidado de los ancianos en Castilla y León.