Alarma vecinal en la comarca de Tábara ante la presencia de un exconvicto por delitos sexuales
Vecinos de varios municipios de la comarca de Tábara, en la provincia de Zamora, han mostrado en las últimas horas su preocupación ante la presencia de un individuo con antecedentes por delitos sexuales de extrema gravedad. Aunque no ha cometido ningún nuevo delito, y su situación legal permite su libre circulación y trabajo en cualquier punto del país, su llegada ha generado inquietud en algunos núcleos rurales, especialmente entre mujeres y familias con menores.
Según ha podido saber y constatar Zamora News, el hombre, actualmente en libertad tras cumplir una larga condena, habría comenzado a trabajar recientemente en una empresa dedicada a la instalación de paneles solares en el entorno de Pozuelo de Tábara y Tábara. La alarma social ha surgido tras conocerse su identidad y su historial judicial, que incluye delitos de agresión sexual cometidos en la comunidad autónoma de Madrid y por los que fue condenado a una larga pena de prisión, un total de más de 500 años de los que finalmente cumplió 20, y hace ocho que está en la calle.
Los casos que le llevaron a prisión: El hombre se apostaba en las salidas del metro en los supermercados o en los propios ascensores. Amenazaba a las mujeres con un objeto punzante y posteriormente las robaba y las violaba. Con un modus operandi descrito en el caso, el violador confeso explicaba que eran mujeres de entre 17 y 22 años. Los testimonios de las víctimas y los investigadores de la policía pudieron dar al fin tras 8 años de violaciones, robos y agresiones con el individuo. Fue condenado a más de 500 años de cárcel como autor de una treintena de violaciones, entre otros delitos, y quedó en libertad tras cumplir 20 años en prisión. Considerado uno de los mayores depredadores sexuales en serie de España, y el mayor de Madrid, que mantuvo en jaque a la Policía desde principios de los años 90, actuó al menos durante 8 años impunemente y se cree que pudo llegar al centenar de violaciones y robos con violencia. Una infancia complicada y una serie de factores condicionantes, dieron con este individuo en una conducta agresiva y violadora que le llevó a la cárcel por 20 años. En las prisiones donde estuvo fue agredido en varias ocasiones y en 2017 salió en libertad.
Un caso mediático y la difícil frontera entre información y estigmatización
Aunque no se ha producido ninguna actuación delictiva desde su llegada y a que tan solo han pasado tres días, el temor vecinal se ha disparado tras compartirse informaciones entre particulares sobre su pasado. El individuo que roza los 60 años ha sido visto en varios bares de la zona y se cree que vive en Tábara o en Pozuelo. El caso del exconvicto fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación nacionales en los años noventa y principios de los 2000, lo que ha contribuido a una fuerte carga emocional en la percepción colectiva.
Diversas asociaciones locales han manifestado su inquietud y han pedido a las autoridades locales que “se adopten medidas de información, seguridad y tranquilidad sin criminalizar de forma anticipada”.
“Sabemos que la alarma está ahí, pero debemos actuar con responsabilidad”, afirman varios vecinos de la zona.
¿Qué ocurre cuando alguien con delitos graves regresa a la sociedad?
El caso plantea de nuevo un dilema recurrente en democracia: el derecho a la reinserción frente al derecho a la información y a la seguridad colectiva. En España, una vez cumplida la pena, cualquier persona recupera su libertad y sus derechos constitucionales, a excepción de algunas limitaciones muy específicas (por ejemplo, para ejercer profesiones con menores si existe inhabilitación).
Sin embargo, en entornos pequeños y con una historia delictiva tan mediática detrás, y el condicionante de la atención que causó en la provincia del asesinato de Leticia Rosino, la convivencia no siempre es fácil. La reacción social puede derivar en miedo colectivo, rechazo o incluso linchamientos públicos digitales que pueden vulnerar derechos fundamentales.
Desde los cuerpos de seguridad se recuerda que cualquier situación de riesgo debe ser canalizada por las vías oficiales: “No se puede ni se debe actuar al margen de la ley, ni difundir datos personales sin justificación. Eso también puede constituir un delito”, advierten.
Reforzar la prevención sin caer en la alarma
La preocupación es comprensible. Pero también lo es el hecho de que la legislación establece un marco muy claro sobre la protección de los datos de los exreclusos y su derecho a rehacer su vida en libertad. En todo caso, lo deseable es que las autoridades, asociaciones vecinales y ciudadanía trabajen de forma coordinada para reforzar la prevención, especialmente en colectivos vulnerables, sin caer en el miedo irracional o en la estigmatización sin base.
Este caso vuelve a poner de manifiesto la necesidad de una política clara de comunicación institucional en casos sensibles, así como de herramientas de información ciudadana sobre qué hacer si se detectan actitudes sospechosas o comportamientos preocupantes.
Un equilibrio complejo
El equilibrio entre justicia, reinserción y protección social es delicado, y más aún en zonas rurales donde el anonimato no existe. Por ello, más que nunca, se necesita prudencia, pero también empatía y vigilancia constructiva. Las víctimas del pasado merecen justicia y respeto, y las comunidades rurales también merecen sentirse seguras faltaría más y sobre todo cuando se trata de uno de los depravadores sexuales más activos del pasado reciente español. La clave está en no alimentar rumores, canalizar el malestar a través de los mecanismos establecidos y no olvidar que todos, sin excepción, vivimos bajo un Estado de Derecho.