Villalcampo no quiere más sombras: el Ayuntamiento vigila la concesión del salto a Iberdrola

presa de Villalcampo
La preocupación en el municipio de Villalcampo y en su entorno vuelve a situarse sobre la mesa a raíz del avance del expediente de caducidad de la concesión del Salto de Villalcampo I y II, actualmente en manos de Iberdrola. Una cuestión compleja, técnica y con importantes implicaciones económicas y territoriales que el Ayuntamiento quiere cerrar con transparencia, seguridad jurídica y defendiendo los intereses locales. El Ayuntamiento sigue de cerca el proceso administrativo y judicial para aclarar la concesión del salto hidroeléctrico a Iberdrola y evitar perjuicios económicos y legales al municipio y a su entorno.

Según las explicaciones ofrecidas a este diario, tras la reciente visita técnica a la central, el procedimiento administrativo se encuentra ya en una fase clave. Tras la inspección, el expediente continúa su tramitación con la emisión de un informe jurídico por parte de los Abogados del Estado, previo a que la Confederación Hidrográfica eleve una propuesta de resolución que, posteriormente, pasará al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). Allí deberán pronunciarse tanto el Consejo de Obras Públicas como el Consejo de Estado, antes de que la Dirección General del Agua adopte una resolución definitiva.

Villalcampo no quiere que una decisión administrativa tomada a cientos de kilómetros condicione su futuro durante 75 años. El Ayuntamiento mantiene la vigilancia y exige explicaciones claras en un proceso que afecta directamente al territorio y a sus recursos.

75 años frente a 99: el fondo del conflicto

Uno de los puntos centrales del conflicto es la duración de la concesión. Mientras Iberdrola defiende que el plazo concesional es de 99 años, el Ayuntamiento de Villalcampo sostiene —apoyándose en la normativa de dominio público hidráulico— que la concesión es de 75 años, contados desde el inicio de la explotación en 1949, lo que situaría su finalización en 2024. Esta discrepancia está actualmente judicializada en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a la espera de sentencia, pero la Ley de Aguas da la razón a Villalcampo.

Evitar un vacío fiscal y proteger a los municipios

Más allá del debate jurídico, el Ayuntamiento ha puesto el foco en un aspecto clave para la supervivencia económica de los municipios afectados: el riesgo de perder ingresos por el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) durante el periodo transitorio entre la reversión de la central al Estado y la adjudicación de una nueva concesión.

Para evitarlo, se está trabajando con la Dirección General del Agua y con la Federación Nacional de Municipios con Embalses en una modificación legislativa que permita que la reversión, el concurso y la nueva adjudicación se tramiten de forma paralela, evitando así un “vacío” que dejaría a los ayuntamientos sin una fuente de financiación esencial.

Continuidad de la explotación y presencia del territorio

Desde el Ayuntamiento se insiste en que no se desea el cierre ni la paralización de la central, algo que además podría generar problemas técnicos y de mantenimiento en la infraestructura y afectar a la estabilidad del sistema eléctrico. El objetivo es claro: que la central siga funcionando, pero con un marco concesional ajustado a la ley y con el territorio afectado presente en el pliego de condiciones del futuro concurso.

Un capítulo que se quiere cerrar con luz y taquígrafos

El Ayuntamiento de Villalcampo subraya que su postura ha sido reiterada en todas las fases del procedimiento y que seguirá defendiendo los intereses del municipio y de la comarca hasta el final del proceso. La voluntad política es cerrar este largo capítulo con claridad, evitar interpretaciones interesadas y garantizar que los recursos del territorio reviertan, también, en quienes conviven desde hace décadas con esta infraestructura.

Mientras avanzan los trámites administrativos, judiciales y legislativos, Villalcampo permanece atento. El desenlace marcará no solo el futuro del salto hidroeléctrico, sino también el de unos municipios que reclaman ser parte activa —y no meros espectadores— en decisiones que condicionan su presente y su futuro.