El nuevo impuesto al carbono incrementará el coste de los fertilizantes a partir de 2026
A un mes de su aplicación, aún hay aspectos clave sin resolverse “Apoyamos la transición climática, pero no a costa de agricultores y ganaderos”
La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha advertido de que la entrada en vigor del Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM) el próximo 1 de enero de 2026 supondrá un incremento de hasta 40 euros por hectárea en los costes de los fertilizantes, un insumo clave para la agricultura.
La organización ha señalado que, a un mes de su aplicación, aún persisten incertidumbres sobre aspectos técnicos esenciales del mecanismo, como la metodología para calcular las emisiones incorporadas en los fertilizantes, la verificación de los datos de los importadores o el precio de los certificados CBAM vinculados al mercado del carbono.
El CBAM, según la Comisión Europea, pretende gravar las importaciones de productos intensivos en carbono procedentes de terceros países, con el objetivo de evitar la fuga de emisiones y garantizar una competencia más justa con la producción europea. Entre los productos afectados se encuentran los fertilizantes, cuyo coste ya ha registrado incrementos del 15 % al 30 % en los últimos años.
UCCL alerta de que, de mantenerse la aplicación tal como está planteada, los sobrecostes podrían oscilar entre 40 y 100 euros por hectárea, dependiendo del cultivo y del nivel de fertilización. En el conjunto del sector agrario español, esto podría suponer un impacto económico de entre 600 y 1.500 millones de euros al año, en un contexto de elevada dependencia de fertilizantes importados y presión creciente sobre los costes de producción.
“Apoyamos la transición climática, pero no a costa de agricultores y ganaderos”, han señalado desde UCCL. La organización reclama que no se aplique el CBAM hasta que se garantice la plena previsibilidad de los costes y se introduzcan medidas compensatorias para el sector agrario.
“Seguiremos defendiendo una política climática ambiciosa, pero que tenga en cuenta la realidad económica del campo y no ponga en riesgo la viabilidad de las explotaciones agrarias”, concluyen desde la organización.