La alcaldesa de Montamarta defiende que en el Pleno del 29 de agosto "no hubo ninguna irregularidad"
La alcaldesa de Montamarta, Cristina Folgado, de Unidos por Montamarta, ha desmentido las acusaciones por parte de algunos concejales del Ayuntamiento en una denuncia dirigida a la Fiscalía. A continuación, se reproduce la nota de prensa íntegra enviada por Folgado.
Vistas las noticias proferidas en la cadena SER el día 18 de octubre de 2018 y las publicadas en Zamora News el mismo día y en el diario la Opinión de Zamora el día 19 de octubre 2018 por parte de esta alcaldía se tiene a bien hacer las siguientes aclaraciones:
En primer lugar el grupo de la agrupación de electores Unidos por Montamarta se desgajó por negarme a realizar actuaciones que proponía el concejal D. Pablo Amigo González y solo beneficiaban personalmente a él o a su familia.
Desde que yo tome posesión como alcaldesa de este Ayuntamiento todos los concejales de todos los grupos políticos del Ayuntamiento han tenido su turno de palabra, cuestión que reflejan las Actas de las distintas sesiones plenarias, las cuales yo no redacto. Las redacta el secretario-interventor de este Ayuntamiento, que es el funcionario con habilitación estatal competente para ello y quien tiene la fe pública.
En relación a la sesión plenaria extraordinaria celebrada el día 29 de agosto de 2018 en este Ayuntamiento, el segundo punto del orden del día recogía el examen y tramitación de las alegaciones presentadas en plazo al presupuesto, pues bien teniendo en cuenta el informe del secretario-interventor y del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación de Zamora, solo cabía de acuerdo con el artículo 170.2 del RDL 2/2004 admitir una de las alegaciones presentadas, no teniendo encaje legal ninguna de las otras. Procedí en consecuencia a darles turno de palabra a todos los concejales en relación a la única alegación que cabía admitir de acuerdo a la ley. Los concejales de la oposición y el concejal no adscrito pidieron un receso que les concedí y tras reanudarse de nuevo la sesión, después de dar alguno de ellos su opinión decidieron abandonar el pleno.
Lo único que pretendían, a juicio de esta alcaldesa, los concejales de la oposición y el concejal no adscrito, era bloquear una vez más la aprobación de los presupuestos, burlando lo recogido en la ley en relación a la aprobación de los mismos a través de una cuestión de confianza. Impidiendo que este Ayuntamiento pudiera llevar a cabo inversiones para beneficio del pueblo.
En cuanto a que no permito la grabación de los plenos, la solicitud que hacen en este Ayuntamiento es treinta segundos antes del comienzo de la sesión plenaria. Consultando con el señor secretario-interventor de este Ayuntamiento, me comunica que necesita tiempo para emitir un informe al respecto y que yo adopte lo que considere y considerando que se pudiera vulnerar algún derecho habida cuenta de la grabación que se pretendía y sin tener ningún informe en el que me pueda basar, decido que la sesión no se grabe.
Al día de la fecha a este Ayuntamiento no ha llegado ninguna denuncia de la fiscalía. El concejal D. Pablo Amigo González vierte una serie de opiniones personales y acusaciones sin ningún tipo de prueba y hace un juicio de valor sobre mi actuación, pretende ser juez y parte.
En segundo lugar por lo que respecta a lo vertido en el diario La Opinión de Zamora el 19 de octubre de 2018, en ningún momento he vulnerado los derechos de ninguno de los concejales que integran este Ayuntamiento, ya que como he dicho anteriormente, en todas las sesiones plenarias todos los concejales tiene su turno de palabra.
Reitero que en la sesión plenaria del día 29 de agosto de 2018, no hubo ninguna irregularidad y que solo considere que debía debatirse la alegación al presupuesto que de acuerdo con la ley y con los dos informes que constan en el expediente, era viable.
El secretario-interventor del Ayuntamiento y funcionario con habilitación estatal no da consejos o me aconseja mal a mí, tan solo se limita a emitir los informes que son obligatorios según la ley o que yo voluntariamente le solicito. Ateniéndose a su criterio jurídico.
Por otro lado como fedatario público siempre recoge en las actas fielmente lo que tiene lugar en las sesiones plenarias.
Finalmente y a la vista de cómo trascurran los acontecimientos, me reservo la posibilidad de acudir a los órganos judiciales y presentar las oportunas querellas por injurias o calumnias o por cualquier otro delito que hayan podido cometer, contra los concejales del Grupo Socialista municipal de Montamarta y contra el concejal no adscrito, por las acusaciones vertidas sobre mi persona.