La Cámara Agraria Provincial de Zamora se queda sin personal de la Junta tras la jubilación de su secretario técnico
La Cámara Agraria Provincial de Zamora ha dejado de contar con personal directamente asignado por la Junta de Castilla y León para la atención presencial de las Juntas Agrarias Locales, tras la reciente jubilación de su secretario técnico, figura clave en el asesoramiento y gestión de este tipo de entidades.
En la provincia de Zamora permanecen registradas actualmente alrededor de 150 Juntas Agrarias Locales, encargadas de la gestión de recursos agrarios de carácter colectivo como pastos, hierbas y rastrojeras, así como del patrimonio agrario común, cuya naturaleza exige una administración conjunta y especializada.
Estas juntas requieren asesoramiento continuo en aspectos como la adjudicación de aprovechamientos, el cumplimiento de las normas de alzado y entrada de ganado, la gestión patrimonial, la recaudación por aprovechamientos, los procedimientos de renovación de cargos o, en determinados casos, la cesión de patrimonio a los ayuntamientos para fines de interés agrario colectivo.
Hasta ahora, este apoyo técnico se venía prestando de forma regular desde la sede de la Cámara Agraria en la capital, a través de personal de la Junta de Castilla y León asignado específicamente a estas funciones, fundamentalmente el secretario técnico —ahora jubilado— y, en algunas ocasiones, personal administrativo de refuerzo.
Desde la entidad se subraya la importancia estratégica del sector agrario y ganadero en la provincia de Zamora, donde muchas Juntas Agrarias Locales mantienen sistemas de aprovechamiento extensivo común, lo que incrementa la complejidad de su gestión y la necesidad de apoyo técnico especializado.
Por todo ello, la Cámara Agraria Provincial considera imprescindible que la Junta de Castilla y León dote de personal específico y suficiente a la entidad para garantizar la atención presencial, el asesoramiento y la correcta tramitación de los asuntos propios de las Juntas Agrarias Locales, evitando así un vacío administrativo que podría repercutir negativamente en la gestión del patrimonio agrario común.