Alimentos a personas desfavorecidas: entrega de comida a más de 2.000 zamoranos

Banco de Alimentos

La distribución se realiza entre familias, individuos, hogares o grupos que se encuentran en situación de pobreza económica, así como entre  personas sin hogar y otras personas en situación de especial vulnerabilidad

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha presentado hoy en la sede del Banco de Alimentos de Burgos la segunda fase de entrega de alimentos a personas y colectivos desfavorecidos. En Zamora el número de beneficiarios de esta segunda fase es de 2.023. Por su parte, en Castilla y León el número de beneficiarios de esta segunda fase es de 40.025.

En Zamora, en la segunda fase, se han repartido 64.705,20 kilos de alimento por un valor económico de 116.718,20 euros. Por su parte, en la primera fase se repartieron 26.755,12 kilos de alimentos con un total de 2.043 beneficiarios.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), desarrolla el ‘Programa 2023 de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas’, en el que se distribuye  alimentos en dos fases. La primera de ellas tuvo lugar entre los meses de abril y mayo. La segunda y última fase se desarrolla durante este mes y el que viene, repartiéndose de forma gratuita 36 millones de kilos/litros de alimentos a nivel nacional.

En Castilla y León hay que señalar que en esta segunda fase se van a repartir más de 1,2 millones de kilos. En la primera fase se repartieron 544.663 Kg.  En total entre la primera y la segunda fase se distribuirán en Castilla y León casi 2 millones de kilos en alimentos. En concreto 1.831.059 kg.

El valor de los alimentos de esta segunda fase asciende a 2.321.198€. En la primera fase el valor económico de los alimentos ascendió a 905.601€. El importe total de los alimentos adquiridos entre la primera y la segunda fase para distribuir en Castilla y León es de 3.226.799€.

Con esos alimentos de esta segunda fase, el número de beneficiados en Castilla y León ascenderá a 40.025 personas que se encuentran en situación de dependencia social o económica.

El Gobierno saca a licitación la incorporación de 22 productos. De esas 22 empresas que aportan alimentos en la segunda fase del Programa FEAD 2023, tres tienen su sede en Castilla y León. Se trata de   Legumbres Penelas, de Villarejo de Órbigo (León) que aporta garbanzos cocidos; Galletas Gullón, de Aguilar de Campoo (Palencia); y Legumbres Luengo, alubias cocidas, Riego de la Vega (León), que proporciona alubias cocidas.

Los alimentos adquiridos y que se van a repartir entre estos colectivos vulnerables son de carácter básico, variados, nutritivos, poco perecederos y de fácil transporte y almacenamiento. En la segunda fase se incluye; arroz, garbanzos cocidos, atún y sardinas en conserva, pasta alimenticia tipo espagueti y tipo fideos, tomate frito, galletas, macedonia de verduras, fruta en conserva, alubias cocidas, cacao soluble, tarritos infantiles de fruta y de pollo, y magro de cerdo.

Este año 2023 es el último en el que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación participa en la implementación de los planes del programa de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas de la Unión Europea, en el que participa desde el año 1987 de forma ininterrumpida.

A partir de 2024, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, serán los ministerios competentes para articular este modelo de ayuda en España. Las nuevas actuaciones se realizarán bajo el ‘Programa de Asistencia material básica FSE+ 2021-2027’, y la autoridad de gestión será la unidad de apoyo del Fondo Social Europeo y los organismos intermedios las comunidades autónomas.

Antes de finalizar, Virginia Barcones ha agradecido la labor que realizan  Banco de Alimentos y Cruz Roja, así como otras entidades colaboradoras, ya que gracias a ellos esta ayuda “llega a familias y grupos en situación de especial vulnerabilidad social”.  Ha añadido que con su labor, bien a través de iniciativas propias o en colaboración con las instituciones, luchan “contra la exclusión social”, por lo que hacen de la nuestra una sociedad “más justa e igualitaria. Una sociedad más democrática”.