Las viviendas turísticas sin licencia, bajo la lupa de Consumo
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado una investigación sobre posibles prácticas comerciales desleales en el ámbito de las viviendas turísticas que operan sin licencia en diversas ciudades de España. La Dirección General de Consumo, dependiente de este ministerio, ha identificado prácticas que podrían violar la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, señalando que estas infracciones pueden "generar lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada".
Según datos de autoridades autonómicas y municipales, un número significativo de estas viviendas turísticas estarían operando sin la correspondiente licencia. Esta situación ha motivado la intervención del ministerio liderado por Pablo Bustinduy, con el objetivo de proteger a los consumidores de estas prácticas. La Dirección General de Consumo ha enviado requerimientos a las principales plataformas de alquiler turístico para recabar información detallada sobre las viviendas anunciadas. Se pone especial énfasis en las actividades de grandes arrendadores o empresas que gestionan numerosas propiedades turísticas y que podrían estar incurriendo en prácticas desleales.
Con la información obtenida a través de estos requerimientos, la Dirección General de Consumo evaluará la apertura de expedientes sancionadores. Según el Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, estas prácticas pueden ser consideradas infracciones graves, con multas que pueden alcanzar hasta los 100.000 euros o incluso superar esta cantidad, llegando a ser de cuatro a seis veces el beneficio ilícito obtenido.
Desde la Dirección General de Consumo se destaca que la apertura de esta investigación no prejuzga el resultado final. El objetivo principal es asegurar el cumplimiento de la normativa y proteger a los consumidores frente a posibles abusos.
El ministerio continuará trabajando en colaboración con las autoridades locales y autonómicas para garantizar que todas las viviendas turísticas operen dentro del marco legal, protegiendo así los derechos de los usuarios y asegurando una competencia justa en el mercado de alquiler turístico.