Sánchez lanza un plan nacional contra la corrupción
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado a conocer este miércoles 9 de julio un plan integral contra la corrupción con 15 medidas estructurales destinadas a reforzar la integridad en las instituciones públicas y prevenir, detectar y sancionar las prácticas ilícitas que afectan al sistema. Se trata de una estrategia desarrollada en colaboración con organismos internacionales como la OCDE, el GRECO del Consejo de Europa, grupos parlamentarios y representantes de la sociedad civil.
Durante su intervención en el Congreso de los Diputados, Sánchez subrayó que este nuevo plan busca “actuar con independencia frente a la corrupción” y establecer mecanismos más eficaces de control y transparencia en todos los niveles de la Administración.
Uno de los pilares fundamentales de esta iniciativa es la creación de una agencia independiente de integridad pública, que centralizará los esfuerzos en materia de prevención y supervisión de conductas corruptas. Esta entidad también coordinará la aplicación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial para detectar irregularidades en la contratación pública.
Otra de las medidas destacadas es la exigencia de sistemas de cumplimiento normativo a las empresas que aspiren a contratar con el sector público, así como la extensión de los pactos de integridad a determinados contratos. Además, se reforzarán las obligaciones de transparencia con una nueva Ley de Administración Abierta, que incluirá auditorías externas para partidos políticos, controles patrimoniales aleatorios a altos cargos y nuevas reglas para los grupos de interés.
El plan también pone el foco en la protección de quienes denuncien casos de corrupción, garantizando su anonimato y su defensa jurídica. Se obligará tanto a las administraciones públicas como a las empresas a disponer de canales internos de denuncia que estén integrados en un sistema institucional de integridad.
En el ámbito judicial, se prevé la creación de secciones especializadas en delitos contra la Administración dentro de los futuros tribunales de instancia, con el objetivo de agilizar y dar prioridad a este tipo de causas. Asimismo, se reforzará la Fiscalía Anticorrupción y se plantean reformas legislativas de calado, como el aumento de penas, la duplicación de los plazos de prescripción y la introducción de sanciones económicas más severas para las empresas implicadas.
Entre las propuestas también figura la elaboración de listas negras de empresas condenadas, que quedarían vetadas para nuevos contratos con la Administración, y un mayor control sobre los partidos políticos que mantengan en sus filas a personas con condenas por corrupción.
En cuanto a la recuperación de activos robados, el Ejecutivo pretende dotar de más recursos a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y habilitar mecanismos para el decomiso preventivo de bienes, incluso sin necesidad de sentencia firme, para evitar que los fondos desaparezcan antes de que actúe la justicia.
Por último, el plan incluye medidas para fomentar una cultura de integridad, como encuestas anuales sobre la percepción ciudadana de la corrupción y campañas formativas dirigidas a empleados públicos.