El Ministerio de Consumo revisará las subvenciones a asociaciones de consumidores tras las reclamaciones de FACUA
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha comunicado este viernes que llevará a cabo una auditoría pública para verificar la información aportada por las asociaciones de consumidores en la solicitud de subvenciones destinadas a financiar sus estructuras y programas específicos. La decisión llega tras las reclamaciones de FACUA-Consumidores en Acción, que alertó sobre posibles irregularidades en los datos de socios, consultas y reclamaciones declarados por estas entidades.
FACUA denunció que, año tras año, el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (Reacu) no comprueba la veracidad de los datos declarados por las organizaciones, a pesar de que estas cifras son determinantes para formar parte del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) y acceder a subvenciones públicas. La asociación advirtió que algunas entidades, como la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), declaran cifras de actividad que parecen poco realistas, como haber tramitado 123.000 consultas en 2024 con un solo trabajador.
El Ministerio asegura que la auditoría pública será parte del proceso de control y justificación de las ayudas, que en 2025 alcanzan los 3.047.529,91 euros. De esta cantidad, 2.330.963 euros se destinan a fomentar la actividad asociativa y 716.566 euros a programas específicos de información, defensa y protección de los consumidores. Las entidades beneficiarias incluyen a Asufin, OCU , FACUA , CECU, Adicae, AUC, Hispacoop y UNAE.
FACUA ha solicitado que la auditoría incluya no solo la verificación de los datos de 2025, sino también de las convocatorias de 2023 y 2024, revisando el número de socios, consultas y reclamaciones, así como la veracidad de la información presentada para formar parte del CCU.
El ministerio subraya que, aunque las declaraciones responsables de las asociaciones son un instrumento legal válido, la Administración tiene la obligación de garantizar la transparencia y el control efectivo de los fondos públicos, asegurando que los proyectos subvencionados se ejecuten correctamente.
Esta medida supone un paso relevante para reforzar la transparencia en el sector de consumidores y dar respuesta a las demandas de FACUA sobre el control de la asignación de subvenciones estatales.