La falta de acuerdo entre las CCAA pospone una semana la decisión sobre la Semana Santa
La reunión celebrada este miércoles en el Consejo interterritorial del sistema nacional de salud, acordado posponer una semana la decisión sobre las restricciones de cara a las próximas vacaciones de Semana Santa. Nueve CCAA se han mostrado a favor de la medida que apuesta por cerrar perimetralmente todas las comunidades y evitar así el mayor número de desplazamientos de cara a estas fechas. Son Castilla-La Mancha, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Navarra, Murcia, Asturias, Cantabria, País Vasco y La Rioja. Por su parte, la Comunidad de Madrid no es partidaria "a priori" de esta medida, al igual que Canarias.
La decisión se produce ante la falta de consenso entre Sanidad y las comunidades autónomas pese a que la ministra del ramo, Carolina de Arias, ha señalado que existe "bastante consenso" en que las medidas que se vayan a adoptar "giren en torno a la limitación de movilidad y reducción de contagios".
La ministra ha querido dejar claro que el compromiso y verdadero objetivo debe ser el de "salvar vidas" y "no salvar semanas". De esta manera, el ejecutivo quiere evitar errores pasados como lo sucedido en las últimas Navidades en las que se pero tras las que se produjo un repunte de casos coincidiendo con la tercera ola. Algo que no quieren que se vuelva a repetir tratando de poner freno así a la temida cuarta ola de coronavirus.
Si bien las comunidades autónomas están de acuerdo en la necesidad de evitar un repunte de casos con la adopción de un plan común , discrepan en las medidas a tomar y en el grado de flexibilidad y dureza de las mismas.
Recordamos que a días de hoy hay comunidades, como la de Madrid, que permiten la entrada y salida de la misma, aunque la mayoría continúan cerradas perimetralmente. El plan conjunto permitiría tomar decisiones homogéneas y evitar así lo sucedido en las vacaciones de Navidad en las que mientras La Comunidad de Madrid permitió los desplazamientos los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, frente a la determinación de la Comunitat Valenciana que solo permitieron el regreso al al domicilio habitual negando la posibilidad de realizar reuniones con familiares de otras autonomías.