El Gobierno recurre la derogación de la Ley de Memoria de Aragón y anticipa sus pasos en CyL

El Consejo de Ministros ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, argumentando que la nueva normativa "incumple el principio de deber de colaboración con el Estado" en materia de memoria. Esta medida ha sido tomada con el respaldo del Consejo de Estado y después de que el Gobierno de Aragón, presidido por Jorge Azcón (PP), rechazara entablar negociaciones.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, explicó que la ley aragonesa infringe varias disposiciones de la normativa nacional de memoria. Según Torres, la derogación afecta negativamente a la señalización de campos de concentración y lugares de memoria, elimina la reparación educativa a las víctimas de la dictadura, suprime el mapa de fosas y dificulta el acceso a la información por parte de asociaciones memorialistas. Además, criticó al PP y Vox por "invisibilizar a las víctimas del bando democrático" y tratar de "blanquear la dictadura".

La posible repercusión de esta acción del Gobierno central podría extenderse a otras regiones gobernadas por el PP, como la Comunidad Valenciana y Castilla y León, donde se están tramitando leyes de memoria similares. Torres afirmó que el Ejecutivo actuará de manera similar si estas proposiciones de ley se aprueban sin modificaciones.

"Si se terminan aprobando como las conocemos, indudablemente arbitraremos el mecanismo inicial de diálogo y luego también iríamos al Tribunal Constitucional", aseguró el ministro, advirtiendo sobre las posibles implicaciones legales y políticas en dichas comunidades autónomas.