El Gobierno limitará los intereses del crédito al consumo para frenar el sobreendeudamiento de las familias
El Consejo de Ministros ha aprobado este miércoles el Anteproyecto de Ley de créditos al consumo, una reforma con la que el Gobierno busca aumentar la protección financiera de los consumidores y frenar el sobreendeudamiento, especialmente en productos como los microcréditos, las tarjetas revolving o los préstamos rápidos a través de plataformas digitales.
La norma, que inicia ahora su trámite de audiencia pública hasta el 30 de enero, transpone directivas europeas sobre crédito al consumo y servicios financieros a distancia, y responde a la profunda transformación del sector en los últimos años, marcada por la digitalización y la entrada de nuevos operadores.
Entre las principales novedades destaca la introducción de límites a los tipos de interés, con el objetivo de reducir el coste de estos productos y aportar seguridad jurídica tanto a consumidores como a prestamistas. El anteproyecto establece un régimen general de limitación de costes mediante topes a la TAE, que se fijarán tomando como referencia el tipo medio del crédito al consumo más un margen que variará según el importe y el plazo del préstamo.
En concreto, se prevén márgenes de hasta 15 puntos porcentuales para créditos de hasta 1.500 euros; 10 puntos para importes entre 1.500 y 6.000 euros; y entre 6 y 8 puntos para préstamos superiores a 6.000 euros, en función de su duración. Estos límites serán actualizados y publicados trimestralmente por el Banco de España. Hasta que se apruebe el desarrollo reglamentario, se establece un límite transitorio del 22%, aplicable también a la liquidación de tarjetas revolving ya existentes.
La ley introduce además una regulación específica para los créditos de alto coste, que transforma este segmento del mercado. Estos préstamos deberán reembolsarse en un mínimo de tres meses, con un coste máximo de 40 euros, frente a los más de 100 euros que puede llegar a suponer actualmente un microcrédito de 300 euros a 30 días. Si el consumidor opta por devolver el importe en un mes, el coste se limitará a 20 euros.
Asimismo, se refuerzan las obligaciones de información, con un plazo mínimo de 24 horas antes de la contratación, y se endurecen las normas de publicidad, prohibiendo destacar la rapidez o facilidad de obtención del crédito por encima de su coste real.
Otra de las claves del anteproyecto es que solo podrán conceder créditos al consumo las entidades autorizadas y supervisadas por el Banco de España. Se crean dos nuevas figuras —los Establecimientos Financieros de Crédito de Ámbito Limitado y los prestamistas de alto coste autorizados— y se establece que los contratos firmados por operadores no autorizados serán nulos.
La normativa refuerza también la evaluación de solvencia, con la consulta obligatoria al historial crediticio del cliente, especialmente en el caso de los créditos de alto coste, y mejora la transparencia y los derechos del consumidor, incluyendo nuevas medidas frente a prácticas de diseño engañosas o dark patterns en entornos digitales.