La estafa macabra de una funeraria que falsificaba documentos para vender cadáveres
Falsificaban documentación para poder retirar los cuerpos de hospitales y residencias para venderlos posteriormente a universidades para su estudio por 1.200 euros cada cadáver
Buscaban fallecidos sin familiares, preferentemente extranjeros o con condiciones de vida precarias, para evitar seguimientos
La Policía Nacional ha desmantelado en Valencia una red criminal dedicada a la venta ilegal de cadáveres, que operaba a través de la falsificación de documentación. Los criminales retiraban los cuerpos de hospitales y residencias para venderlos a universidades con fines de estudio, obteniendo hasta 1.200 euros por cada cadáver. Facturaron 5.040 euros a una universidad por once incineraciones, las cuales no estaban reflejadas en las facturas de las incineradoras locales.
La operación policial, iniciada a principios de 2023, se desencadenó cuando las autoridades tuvieron conocimiento de la retirada irregular de un cadáver de la morgue de un hospital. La funeraria involucrada había falsificado documentos, tanto en el libro de registro del hospital como en la documentación presentada al Registro Civil, para apoderarse del cuerpo. Este fue trasladado a una universidad para su estudio en lugar de recibir sepultura, como correspondía. El fallecido, cuyo sepelio estaba previsto como beneficencia abonada por el ayuntamiento local, fue vendido para su estudio por casi 1.200 euros, sin el consentimiento de familiares o amigos.
En una segunda instancia de este siniestro negocio, los criminales localizaron a un fallecido en una residencia geriátrica y, aprovechándose de su deterioro cognitivo severo, obtuvieron una supuesta autorización de donación antes de su deceso. Falsificaron documentos para cambiar el destino del cuerpo, enviándolo a una facultad de medicina diferente a la acordada, la cual pagaba una mayor cantidad. Este modus operandi buscaba fallecidos sin familiares, preferiblemente extranjeros o en condiciones de vida precarias, para evitar posibles seguimientos.
La investigación también reveló irregularidades en las incineraciones de los cuerpos donados a la ciencia. Las universidades debían costear estas incineraciones, pero la funeraria involucrada facturó a una universidad 5.040 euros por once incineraciones, las cuales no estaban registradas en las facturas de las incineradoras locales. Los investigados aprovechaban la disección y desmembramiento de los cuerpos para introducirlos en los féretros de otros difuntos, realizando en una sola incineración la cremación de varios cadáveres. Ante estos hechos, los agentes detuvieron a los responsables de la funeraria, así como a dos trabajadores, acusados de estafa y falsedad documental.