Uscal se reúne con los grupos políticos en el parlamento par buscar una solución para el personal indefinido de la consejería de medio ambiente

A mediados del pasado mes de febrero desde USCAL, Organización Sindical con suficiente representatividad como para estar presente en todos los foros de negociación de los Empleados Públicos de la Junta de Castilla y León, se solicitaron entrevistas con los responsables de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente así como de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto para trasladarle la grave problemática existente en el personal laboral indefinido adscrito a la Consejería Fomento y Medio Ambiente.

Tanto los responsables de medio ambiente como de función pública se están mostrando insensibles frente a un problema que afecta a más de 150 profesionales que vienen desarrollando en la misma importantes funciones en los últimos 17 años, llegando en algunos casos a 30 años de servicio. Fruto de la necesidad, y con procedimientos públicos y trasparentes de contratación por la Junta de Castilla y León, el personal indefinido "no fijo", reconocido por sentencia judicial, han estado desarrollando sus funciones en las áreas más sensibles de la Consejería y con la máxima eficacia durante los peores años de la crisis, cuando las políticas restrictivas del Gobierno de la nación impedían la reposición de las plantillas de funcionarios y mucho menos el incremento de las mismas.

A la vista de que no hemos recibido respuesta positiva en todo este tiempo, el 19 de abril representantes de USCAL y personal indefinido de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente mantuvimos una reunieron con el Grupo Parlamentario Popular intentando acercarles el problema y con ello tratar de buscar las soluciones legislativas que los próceres ejecutivos son incapaces de encontrar. En las próximas semanas mantendremos reuniones con el resto de Grupos Parlamentarios de forma que los más de 150 ingenieros de montes y forestales, ambientólogos, geógrafos, biólogos, químicos, administrativos, etc., con una media de edad superior a los 45 años y una antigüedad próxima a los 15 años, no queden olvidados por una administración regional que pretende hacer un ERE encubierto, y que además de conllevar una ingratitud laboral inaceptable, desembocará en un despido improcedente con una indemnización millonaria a costa del contribuyente.