USCAL propone unanimidad a los grupos políticos para una enmienda al presupuesto de CYL destinada a la implantación y desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos de la Administración

El calendario para la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2021 prevé que se presenten enmiendas al articulado de la misma hasta el 7 de enero de 2021.

El Pleno del Parlamento Autonómico que finalmente aprobará la ley está previsto para el 9 y 10 de febrero. Por ese motivo desde la Unión Sindical de Castilla y León (USCAL), una vez comprobado que en el Proyecto no se contempla una partida presupuestaria destinada a cumplir la Ley 7/2019, de 19 de marzo, de Implantación y desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, nos hemos dirigido a todos los Grupos Parlamentarios para instar la presentación de una enmienda que contemple dicha necesidad.

Adjuntamos íntegra dicha propuesta de enmienda:

"Por parte de la Unión Sindical de Castilla y León (USCAL), deseamos hacerles llegar la oportunidad de enmendar un aspecto tan relevante para el conjunto de la función pública autonómica como sorprendentemente olvidado en el proyecto de ley de presupuestos que actualmente se tramita en sede parlamentaria. Nos referimos a la completa ausencia de créditos presupuestarios habilitados dentro de las partidas correspondientes al Capítulo I para atender las previsiones exigidas por la Ley 7/2019, de 19 de marzo, de implantación y desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
La Ley 7/2019, próxima a cumplir dos años de vigencia, supuso la definitiva incorporación a la normativa autonómica de función pública las previsiones que ya el Estatuto Básico del Empleado Público, en su primera expresión recogida en la Ley 7/2007, de 12 de abril, establecía en sus artículos 16.3 a) y 17, y que naturalmente ha mantenido el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, nuevamente, en sus artículos 16.3 a) y 17. Es decir, que el punto de partida del ámbito de la función pública sobre el que pretendemos llamar su atención es la existencia de una obligación legal, normativamente disciplinada en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León conforme a las Disposiciones Adicionales de la Ley 7/2019, que se ha incorporado a nuestro ordenamiento jurídico con nada menos que 12 años de retraso respecto de lo ordenado por el legislador básico estatal, a diferencia de lo que ocurre con el personal del Servicio de Salud donde las previsiones originales del Estatuto Marco de dicho personal (Ley 55/2003), fueron oportunamente desarrolladas por esta Administración cuyo personal, en resumen, han podido acceder por diversos procedimientos a la carrera profesional desde el año 2008.
Así las cosas, las prometedoras previsiones de la Ley 7/2019, de 19 de marzo, de implantación y desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León cuyo articulado incluía, una primera fecha de convocatoria –el 31 de diciembre de 2019- en su artículo 7, un plazo de 6 meses para el desarrollo reglamentario del procedimiento de carrera – Disposición Final Segunda- y hasta una dotación presupuestaria inicial de 75 millones –Disposición Adicional Primera- han sido rigurosamente incumplidas. Siendo esto grave, la situación de este aspecto de las retribuciones públicas comienza a ser insostenible toda vez que las previsiones de la propia Ley 7/2019 establece para reanudar el reconocimiento de carrera profesional al personal estatutario –Disposición Adicional Tercera- sí han recibido cumplimiento sin que haya sido impedimento, por ejemplo, la existencia de crédito presupuestario a tal fin: sendas Resoluciones de 16 de junio y de 24 de noviembre del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León han venido a convocar la carrera del año 2019 del personal estatutario de los Centros e Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León ahondando, sin justificación normativa o presupuestaria de ningún tipo, la discriminación que supone para una amplia fracción de los empleados públicos de esta Comunidad Autónoma el hecho de que la Administración opte por ignorar el cumplimiento de las obligaciones –y sus plazos- impuestas en las leyes que ella misma promueve.
Cabe recordar, además, que la más reciente jurisprudencia ha establecido una línea severamente restrictiva con la táctica política de desatención de obligaciones de actuación por la vía de la inactividad normativa o administrativa; la propia carrera profesional del personal estatutario de Sacyl es un buen ejemplo de ello, pues como es sabido la Administración sigue resolviendo y abonando con carácter retroactivo y un enorme sobrecoste financiero la carrera profesional de los años 2010 y 2011, convocadas tardíamente y en ejecución de sentencias desfavorables a la Administración.
En definitiva, creemos que motivos de origen legal, de justicia material y aún de conveniencia práctica hacen sumamente aconsejable el cumplimiento de las previsiones generales de la Ley 7/2019 en conjunto y, en particular y por lo que ahora interesa, de su Disposición Adicional Primera: puesto que los presupuestos del año 2020 ya no van a tener –obviamente- existencia jurídica, puede esa previsión trasladarse a los de 2021 facilitando que la Administración de cumplimiento a un compromiso que, de otra forma, va a devenir con toda seguridad y mayor coste en conflicto judicial. Nada hay que objetar a la cuantía referida de 75 millones de euros en la medida en que, si tal era el cálculo de puesta en marcha estipulado en su día por el legislador autonómico, no se aprecian razones que permitan pensar que ha de sufrir el próximo ejercicio una variación sustancial.

Por lo expuesto, SOLICITAMOS que su Grupo Parlamentario presente, en el plazo conferido al efecto, la correspondiente Enmienda al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2021 que permita presupuestar la cuantía necesaria para la implantación y desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León".

El desarrollo de la Carrera Profesional permitirá que todos los empleados públicos de Castilla y León perciban un complemento retributivo, que se fijará en función del subgrupo de pertenencia. Se estratifica en 4 categorías y su progresión dependerá de la evaluación del desempeño profesional, es decir, la trayectoria y actuación profesional, los conocimientos adquiridos y el rendimiento y logros obtenidos a lo largo de la vida laboral. También podrán incluirse otros méritos y aptitudes por razón de la especificidad de la función desarrollada y la experiencia adquirida. Y todo ello sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo.

Desde USCAL instamos a la Administración de la Junta de Castilla y León a que cumpla las leyes que emanan de las Cortes Regionales y nos marcamos como objetivo inmediato:

 El desarrollo e implantación, desde el 1 de enero de 2021, de la Carrera Profesional para todos los funcionarios y laborales de Castilla y León, con carácter excepcional para las cuatro categorías (en base a la experiencia laboral de 7-15-20-25 años respectivamente) y acorde con los diferentes cuerpos y escalas de Administración General, Especial, Educativa o Sanitaria.

Si finalmente la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2021 no consigna la referida partida presupuestaria para la implementación de la Carrera Profesional, y se mantiene la situación de abandono de los Empleados Públicos por parte de la Administración Autonómica, incumpliendo sus propias normas, USCAL iniciará las acciones judiciales que sean necesarias para obligar a la Junta de Castilla y León a cumplir lo articulado en la Ley 7/2019, de 19 de marzo.