UPL sospecha de sobrecostes en conciertos del Día de Castilla y León y exige explicaciones a la Junta
UPL ha registrado en las Cortes autonómicas una petición formal para que la Junta de Castilla y León facilite toda la documentación relativa a la contratación de artistas con motivo del Día de Castilla y León 2025. La formación leonesista cuestiona la transparencia del proceso tras detectar lo que consideran "cachés inflados" en los conciertos anunciados en distintas ciudades de la Comunidad.
En concreto, desde UPL ponen el foco en los 177.240 euros que la Junta pretende destinar para la actuación de Juan Magán en León. Según datos contrastados por la formación, el mismo artista cobró 75.000 euros en la Semana Grande de Gijón en agosto y 80.000 euros en Gandía en septiembre de 2024, lo que evidenciaría un incremento notable respecto a su caché habitual.
Del mismo modo, Camela ha sido contratado por 102.564 euros para actuar en Ponferrada. Sin embargo, UPL detalla que el dúo tiene un caché de 52.000 euros para una actuación en Madrid este 2 de mayo, y que recientemente ha ofrecido conciertos en San Javier (Murcia) por 54.450 euros, en Alhama por 58.080 euros y en Salamanca por 65.582 euros.
En el caso de Zamora, la Junta ha comprometido 101.924 euros para la actuación del grupo Rulo y La Contrabanda. Desde UPL denuncian que este grupo ha cobrado cifras muy inferiores en otros municipios: 33.676 euros en Onda (Castellón), 32.298 en El Ferrol y 26.675 euros en el Teatro Cervantes de Málaga.
También cuestionan los 66.550 euros destinados al concierto de Nil Moliner en Salamanca, cuando el mismo artista actuó por 48.400 euros en las fiestas de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz en agosto del pasado año.
Ante estas diferencias, UPL considera que el coste de los conciertos organizados por el Día de Castilla y León, que asciende en total a 1.304.100 euros, podría estar por encima de los precios de mercado de manera generalizada. Por ello, exige a la Junta toda la documentación justificativa de las contrataciones, con el objetivo de esclarecer si las adjudicaciones se han realizado conforme a la legalidad vigente. De no ser así, advierten de que remitirán sus sospechas y la documentación pertinente a la Fiscalía.