UGT lleva a los tribunales a la Junta de Castilla y León por la reclasificación del personal sanitario
UGT Servicios Públicos de Castilla y León ha decidido recurrir a la vía judicial ante los reiterados incumplimientos de la Junta, que, según el sindicato, están perjudicando gravemente a los empleados públicos. La organización reclama la aplicación inmediata de la reclasificación profesional prevista en el artículo 76 del TREBEP, vigente tras el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI.
La demanda judicial se dirige inicialmente contra la Consejería de Sanidad, que, según UGT, se niega a reclasificar a los Técnicos Superiores Sanitarios al Grupo B y a los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAEs) del C2 al C1, reconociendo así su titulación y funciones reales. El sindicato lleva más de una década reclamando esta medida, tanto en la Mesa Sectorial de Sanidad como en la Mesa General, sin respuesta de la Junta.
“Tras años de cansancio por no ser escuchados, hemos decidido acudir a los tribunales. La demanda comienza con los Técnicos Superiores de Laboratorio de Diagnóstico Clínico, pero el objetivo es global: ganar un caso para garantizar el derecho de todos los profesionales afectados”, explican desde UGT.
El sindicato también advierte sobre plataformas o grupos sin capacidad negociadora que generan falsas expectativas entre el personal sanitario y recuerda que solo los sindicatos representativos pueden negociar legalmente con la Administración. Por ello, exigen que la Junta convoque una mesa de negociación específica para todo el personal sanitario y cumpla las sentencias y el Acuerdo Marco que reconocen la correspondencia entre titulación y grupo profesional.
Además, UGT Servicios Públicos de Castilla y León presentará esta misma semana un conflicto colectivo ante el SERLA para reclamar la reclasificación de los trabajadores laborales de la Administración General y Organismos Autónomos. Este paso es previo a una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia, por el incumplimiento del Convenio Colectivo de 2023, que regula los derechos de unos 15.000 trabajadores y cuya adaptación afectaría a cerca de 5.000 empleados, con un coste estimado de 10 a 15 millones de euros.
El sindicato subraya que el plazo para realizar esta adaptación finalizó el 31 de diciembre de 2024 y que la vigencia del convenio terminaba el 31 de diciembre de 2025, pero a día de hoy la Junta no ha planificado la puesta en marcha de estas medidas.
UGT Servicios Públicos de Castilla y León advierte que continuará tomando medidas para paliar los daños que los incumplimientos de la Junta están causando a los empleados públicos, hasta lograr la reclasificación y la aplicación plena de la ley.