UGT y asociaciones educativas advierten sobre la crisis en atención a la diversidad en Castilla y León
El Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos en Castilla y León, junto a varias asociaciones educativas, ha elevado el tono de sus denuncias ante lo que consideran un “deterioro progresivo y sostenido” del sistema educativo en la comunidad, especialmente en el ámbito de la atención a la diversidad.
En un comunicado conjunto, la Asociación de Maestros/as de Audición y Lenguaje (AMALCyL), la Asociación de Profesorado de Orientación Educativa (APOECyL) y la Asociación de Profesorado de Servicios a la Comunidad advierten de que los centros educativos están desbordados ante el aumento del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, una realidad que califican de “cada vez más compleja”.
Uno de los datos que subrayan este escenario es el incremento de la atención a la diversidad, que ha pasado de afectar al 10% del alumnado a alcanzar el 30%, una evolución que, según denuncian, no ha ido acompañada de los recursos necesarios. Esta brecha está generando, a su juicio, una presión creciente sobre los profesionales y una respuesta desigual entre centros.
El diagnóstico es especialmente crítico en lo que respecta a la dotación de personal. Las organizaciones alertan de una falta estructural de especialistas, con centros que carecen de determinados perfiles y otros claramente insuficientemente dotados. Como ejemplo, destacan que el 19% de los centros no dispone de profesorado de Servicios a la Comunidad, una carencia que limita de forma directa la intervención socioeducativa y preventiva.
A esta situación se suma la crítica a la política de personal de la administración educativa. Según sostienen, la Consejería está sustituyendo la estabilidad laboral por programas temporales, lo que califican como “falsas plazas” que perpetúan la precariedad e impiden la continuidad de las intervenciones educativas. Esta inestabilidad, advierten, repercute directamente en la calidad de la atención al alumnado más vulnerable.
El comunicado también pone el foco en la falta de coordinación con los servicios sociales y sanitarios, así como en el exceso de burocracia, factores que —según los profesionales— están alejando a los docentes de su función principal. En este contexto, reprochan a la Administración autonómica su “inacción”, que, a su juicio, ha convertido el Acuerdo del 22 de septiembre de 2025 en “una oportunidad perdida” para reforzar el sistema educativo.
Ante este escenario, las organizaciones firmantes reclaman medidas urgentes y estructurales. Entre ellas, el incremento inmediato de plantillas —especialmente en las áreas de Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica, orientación educativa y servicios a la comunidad—, la presencia efectiva de especialistas en todos los centros y la reducción de ratios.
Asimismo, insisten en la necesidad de dotar de estabilidad a los equipos educativos, reducir la carga burocrática y avanzar hacia una planificación “real, estructurada y evaluable” que permita responder a las necesidades del alumnado. También reclaman que se tenga en cuenta a todo el alumnado con necesidades específicas, y no solo a una parte, para garantizar un modelo verdaderamente inclusivo.
Las organizaciones concluyen que la atención a la diversidad “es un derecho, no una opción”, y advierten de que sin inversión suficiente y compromiso político, la inclusión educativa corre el riesgo de quedarse en un mero discurso.