El TSJ tumba el Toro de la Vega
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha puesto fin al intento de resucitar el Torneo del Toro de la Vega en su versión de 2022. La sentencia, conocida este miércoles, anula las bases aprobadas por el Ayuntamiento de Tordesillas y avaladas por la Junta de Castilla y León, al considerar que infringen el Decreto-Ley 2/2016, que prohíbe expresamente causar la muerte del animal en presencia del público.
La resolución llega tras una batalla judicial impulsada por el Partido Animalista PACMA, que desde hace tres años sostenía que la nueva versión del torneo no era una mera adaptación del formato tradicional, sino un nuevo espectáculo disfrazado de legalidad. El fallo les da la razón y subraya que la nueva configuración "gira en torno a las divisas que deben clavarse en la res de lidia", una acción que no puede considerarse secundaria ni simbólica.
El tribunal critica duramente tanto al Ayuntamiento como a la Junta por haber intentado sortear la ley con “eufemismos”, y señala que no se presentó ningún informe técnico veterinario que demostrara que las modificaciones —en especial la sustitución de las lanzas por punzones rematados en divisas— garantizaban la integridad del animal.
“Por más que las nuevas Bases hablen de colocar, de lo que se trata es esencialmente de clavar la divisa en el animal”, recoge la sentencia, que considera que este tipo de espectáculo vulnera la prohibición autonómica de “herir, pinchar, golpear, sujetar o tratar de cualquier otro modo cruel a las reses”.
El fallo también detecta defectos de procedimiento, como la falta de evaluación de impacto normativo y económico, lo que refuerza la invalidez de las bases del torneo.
De este modo, y salvo que las Administraciones afectadas decidan recurrir ante el Supremo, el Toro de la Vega queda desactivado por vía judicial, cerrando uno de los capítulos más controvertidos de la tauromaquia en España. Durante siglos, el torneo dividió al país entre defensores de la tradición y activistas que lo consideraban un símbolo de maltrato animal.
PACMA, que celebra la decisión como un “hito histórico en la protección de los animales”, sostiene que esta sentencia “sienta un precedente jurídico de enorme importancia” y llama a las autoridades a no buscar nuevos atajos legales para recuperar el festejo.