La quinta hora, la asignatura pendiente de la Junta de Castilla y León
La Junta de Castilla y León, que adjudicó este servicio a una empresa externa para cubrir la hora adicional en los colegios, no ha logrado ofrecer una cobertura adecuada, según denuncian las asociaciones de padres y madres de alumnos (AMPAs).
El problema, aseguran, no es nuevo. Ya en cursos anteriores, la falta de previsión fue evidente, pero este año la situación se ha agravado: no hay monitores suficientes y la organización en los meses de septiembre y junio —cuando los horarios escolares cambian— está siendo, de nuevo, deficiente.
En muchos casos, son los propios docentes quienes asumen voluntariamente esa quinta hora, una medida que, aunque generosa, no puede ser la norma. No se trata de un parche ni de una buena voluntad: se trata de una obligación administrativa que afecta a la conciliación familiar, a la calidad educativa y a la equidad entre centros.
La “casuística” es tan variada como los centros que la padecen: algunos han conseguido una solución temporal, otros siguen esperando a que llegue algún monitor y varios han tenido que recurrir a recursos propios o asociaciones locales.
La Junta no hizo los deberes en invierno, y ahora en septiembre suspende claramente en la asignatura de la gestión educativa. Una planificación ineficaz y una adjudicación sin garantías solo podían derivar en lo que hoy se está viendo: una quinta hora sin control, sin medios y con una comunidad educativa que se siente, de nuevo, abandonada