Nueva regulación de pesca refuerza la sostenibilidad y la protección de ríos y lagunas
La Junta de Castilla y León ha aprobado una nueva orden que actualiza la regulación de la pesca en la Comunidad con el objetivo de asegurar la conservación de las poblaciones acuáticas y un aprovechamiento sostenible de los recursos piscícolas.
La normativa declara oficialmente los cotos de pesca, escenarios deportivo-sociales, aguas en régimen especial y refugios de pesca existentes en la Comunidad, además de aprobar los correspondientes planes de pesca que regulan las condiciones técnicas de esta actividad. Con esta orden, la Junta deja sin efecto la anterior Orden MAV/64/2025, de 24 de enero, integrando en un único texto todas las modificaciones y ajustes necesarios.
Según explica la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, la planificación se basa en el conocimiento científico de las poblaciones piscícolas, los datos de la Red de Seguimiento y Control de las masas de agua y los hábitos del colectivo pescador. Todo ello responde a lo establecido en la Ley de Pesca de Castilla y León, que exige una gestión orientada a la sostenibilidad y a la protección del patrimonio natural.
Los planes de pesca fijan, entre otros aspectos, los periodos hábiles, los días con y sin muerte, el número de permisos diarios, las tallas mínimas y cupos por especie, así como los cebos y señuelos permitidos o prohibidos. En muchos tramos se refuerza la modalidad de pesca sin muerte, especialmente en zonas de alto valor ecológico o donde la conservación de la trucha común y otras especies lo aconseja.
Asimismo, la orden declara nuevos refugios de pesca, donde la actividad queda prohibida de forma permanente por razones biológicas, científicas o educativas, con el fin de proteger determinadas masas de agua y la fauna asociada.
La nueva regulación afecta a numerosos ríos, gargantas y lagunas de provincias como Ávila y Burgos, entre otras, y estará en vigor desde el día siguiente a su publicación. Contra la orden se podrá interponer recurso de reposición o recurso contencioso-administrativo en los plazos legalmente establecidos.