Malas cosechas, EHE, altos costes de producción y precios bajos: el sector primario de CyL despide el 2023 'contra las cuerdas'
La Alianza UPA-COAG realiza un balance agrario para el sector primario regional "muy preocupante"
Solicitan reforzar la Ley de Cadena Alimentaria al tiempo que denuncian la ausencia de interlocución cercana y ágil por parte de la Consejería de Agricultura
En el balance agrario anual de Castilla y León, la Alianza UPA-COAG resalta el complejo año sufrido por los profesionales agrarios motivado por varias circunstancias: malas cosechas por la sequía, alta incidencia de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), altos costes de producción y precios bajos en origen.
La Alianza UPA-COAG resalta la alta profesionalidad y la experiencia del sector para seguir produciendo a pesar de las durísimas condiciones de este 2023, que se suma a los problemas de campañas anteriores y que está acarreando un alto nivel de endeudamiento de las explotaciones familiares, que a duras penas salen adelante sin contar con la colaboración necesaria por parte de las administraciones para afrontar elevadísimos gastos con escasos ingresos.
Los costes de producción este año se han mantenido en niveles ha sido muy elevados. En Castilla y León hemos sufrido un incremento muy apreciable en el precio de los piensos, la paja, las semillas y la maquinaria, mientras que apenas nos hemos beneficiado de las bajadas que han experimentado los precios de la energía, y se han mantenido exageradamente altos los de los fertilizantes y de los productos fitosanitarios. Estos costes disparados para el sector primario de Castilla y León no han podido ser compensados ni vía producción ni vía precios, puesto que en ambos casos las circunstancias han sido muy adversas, empobreciendo las economías de las explotaciones familiares agrarias. En este sentido, el año 2024 debe ser clave en la consolidación de la Ley de la Cadena Alimentaria, para que se cumplan en todos sus extremos.
Tampoco podemos dejar de lado el problema del cambio climático del que hemos sido víctimas en primera persona en este 2023 sufriendo muchos perjuicios entre agricultores y ganaderos, a lo que hay que sumar además la compleja geopolítica internacional que ha seguido repercutiendo directamente en el sector primario de nuestra región.
En relación al cambio climático y a las actuaciones que reclaman diligencia y compromiso en nuestra región está el problema del agua, que se ha demostrado crucial una vez más en este año 2023. Del agua depende nuestra actividad, y el sustento de la sociedad. Cada vez nos falta más en la época en la que más la necesitamos, por lo que es imprescindible una buena gestión del recurso. Esta gestión incluye muchos aspectos, que nos atañen a todos. Pero es a las administraciones a las que debemos exigir planes y recursos para la creación y modernización de las infraestructuras necesarias: de regulación, de embalses, de intercomunicación de cuencas, de regeneración, y de redes de distribución.
Además, en los primeros meses del año, los agricultores y ganaderos de Castilla y León han tenido que lidiar con la nueva PAC, lo que nos ha obligado a redoblar esfuerzos a nuestra organización para explicar y asesorar con detalle sobre todas las novedades prestando un servicio técnico de primer nivel. Alrededor de 60.000 explotaciones agrarias de Castilla y León se han tenido que adaptar a las reformadas exigencias de la normativa europea con la entrada en vigor de las nuevas directrices agrarias y medioambientales.
Por eso ahora, cuando está a punto de cumplirse el primer año de la nueva PAC, vemos que las y los agricultores y ganaderos familiares de Castilla y León, que son mayoría en esta región, nos hemos tenido que esforzar en adaptarnos a los cambios y acogernos a todos los instrumentos que conllevan novedades tales como los ecorregímenes, teniendo en cuenta las dificultades que eso comporta.
Precisamente una de las denuncias de nuestra organización con motivo de la reunión de ministros de Medio Ambiente celebrado este mismo año en Valladolid es que la UE muestra una política verde de escaparate porque mientras exige a los agricultores comunitarios estrictas y sumarísimas medidas medioambientales, acuerda con países terceros la adquisición de productos sin ningún control ambiental.
De hecho, junto con los problemas de los precios y de los costes, el exceso de burocracia y de condicionantes para el desarrollo de la actividad agraria, impuestos por las normas medioambientales, es hoy uno de los mayores problemas de las explotaciones familiares de Castilla y León. Por eso, desde la Alianza UPA-COAG hemos reclamado a todas las administraciones que la sostenibilidad que nos exigen a los agricultores y ganaderos sea compatible con el derecho a una renta digna.
Será precisamente uno de los frentes abiertos en el año 2024 que la agricultura y ganadería familiar de Castilla y León ocupe el lugar que se merece, puesto que deberá afrontar en condiciones el reto de alimentar a la sociedad en un contexto de cambio climático a la vez que se protege la naturaleza, se produce sosteniblemente y se lucha contra el despoblamiento.
Más de 50.000 explotaciones en Castilla y León son explotaciones familiares, en las que sus propietarios, hombres y mujeres trabajan fundamentalmente con el apoyo de sus familiares. Este modelo, que conforma una agricultura social y profesional, es el mayoritario en nuestra región pero se enfrenta a graves amenazas que ponen en peligro su supervivencia y requerirá todo el apoyo de las administraciones a lo largo del 2024.
En lo que va de 2023, Castilla y León ha perdido 428 activos agrarios, en una tendencia a la baja que parece imparable. Sin duda, esta es una consecuencia de la elevada edad media del sector, pero a la vez refleja poderosamente el hecho de que la tasa de sustitución de los titulares de las explotaciones no es suficiente. Los incentivos a la incorporación de jóvenes nunca serán suficientes mientras no se consiga una rentabilidad sostenida de las explotaciones.
En este sentido, la Alianza UPA-COAG trabajará tenazmente en el año 2024 para que el nuevo Gobierno central y la Junta de Castilla y León defiendan, no solo con palabras sino con hechos, la profesión agraria valorizando al agricultor y ganadero, no sólo como productor de alimentos sino también como promotor de riqueza, gestión y sostenibilidad del medio sobre el que se asienta.
De igual modo, la Alianza UPA-COAG ha apostado por las energías renovables, pero reclamando al Gobierno central, autonómico y a las administraciones municipales y locales que regulen su implantación en terrenos no aprovechables para uso agrícola y ganadero. También hemos reclamado, sin conseguirlo aún, un refuerzo de los seguros agrarios para cubrir las necesidades del sector y garantizar la supervivencia de las explotaciones agrícolas y ganaderas ante las pérdidas originadas por eventos climáticos o zoosanitarios, que cada vez nos sacuden con mayor frecuencia.
No menos importante es la demanda que llevamos planteando desde hace tiempo a la Junta de Castilla y León en su conjunto como a la propia Consejería de Agricultura en particular, y es que el Gobierno regional debe sentarse a hablar con los representantes de los agricultores y ganaderos, y entre todos establecer un nuevo escenario de relaciones porque el actual deja mucho que desear. No es justo ni para los verdaderos representantes legales de los profesionales agrarios ni para los propios agricultores y ganaderos. En este sentido, exigiremos redoblar los canales de interlocución y que se nos valore con justicia por el enorme esfuerzo y trabajo que desempeñamos en el sector agrario regional.
Estamos en puertas del arranque de un nuevo año, el 2024, que será clave para Castilla y León. Torpe sería que el nuevo Gobierno central y la Junta de Castilla y León no entiendan, de una vez por todas, que las organizaciones agrarias somos sus mejores aliadas para el progreso de la agricultura y la ganadería.
La Alianza UPA-COAG seguirá en su afán de lograr que quienes asumen responsabilidades políticas y administrativas, como servidores públicos, no se dejen atrapar por la ceguera de creer que cuando reivindicamos y nos manifestamos, y exigimos en las mesas de negociación lo que creemos justo, estamos buscando cualquier tipo de enfrentamiento o de oposición a algo o a alguien, sino todo lo contrario, buscamos encontrar solución a los problemas de las explotaciones familiares agrarias de Castilla y León.