Una familia denuncia ante el Procurador el atasco de más de 2.200 ayudas energéticas en Castilla y León
Una familia de Castilla y León ha elevado al Procurador del Común de Castilla y León una queja formal por el retraso acumulado en la tramitación de las ayudas de eficiencia energética convocadas por la Junta de Castilla y León. La denuncia, presentada este sábado 14 de febrero, ha sido dada a conocer por la iniciativa ciudadana AfectadxsViviendaCyL, que impulsa la creación de una plataforma para exigir la resolución de todos los expedientes pendientes y esclarecer si el colapso administrativo ha podido afectar a otras garantías legales.
En el escrito remitido al Procurador del Común, la familia expone que la Administración autonómica agotó el plazo máximo inicial de tres meses sin dictar ni notificar resolución alguna. No fue hasta 2025, más de dos años después de la solicitud, cuando recibieron comunicación oficial, aunque en sentido desfavorable.
Tras esa respuesta, en noviembre de 2025 interpusieron un recurso potestativo de reposición. Sin embargo, según sostienen, tampoco este procedimiento ha sido resuelto dentro de los plazos previstos. La familia subraya que ha transcurrido el triple del plazo máximo establecido en el artículo 124 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común sin que exista resolución expresa.
Ante esta situación, solicitan al Procurador del Común que valore si la actuación administrativa descrita ha podido vulnerar garantías procedimentales reconocidas en la normativa vigente, como el derecho a una resolución motivada, el derecho de defensa o el principio de buena administración. Asimismo, reclaman un pronunciamiento específico sobre el respeto a estos principios en la gestión de ayudas financiadas con fondos europeos.
Desde el área de Consultas de Vivienda de la Junta de Castilla y León, y a preguntas trasladadas por AfectadxsViviendaCyL, se apunta que el retraso acumulado responde al elevado volumen de carga burocrática asociado a la convocatoria. Según los datos facilitados por la Administración autonómica, se han presentado 6.743 solicitudes, de las cuales 4.454 han sido resueltas.
Esto deja, más de dos años después del inicio del proceso, un total de 2.289 solicitudes todavía pendientes de resolución. La Junta asegura que continúa trabajando para cerrar la totalidad de los expedientes en el menor plazo posible.
La plataforma ciudadana también ha solicitado información sobre el número de recursos de reposición registrados, cuántos permanecen sin resolver y si se están tramitando dentro del plazo legal de un mes, aunque hasta el momento no ha recibido respuesta adicional por parte de la Administración regional.