El Consejo de Cuentas aboga por un fondo específico para la despoblación, a repartir entre las regiones con menor densidad geográfica como CyL

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia

Amilivia afirma que la financiación líquida que recibe la Comunidad por parte del Estado se elevó un 2% con respecto a 2009, mientras que su gasto social aumentó el 19%

Ello se traduce en una infrafinanciación en promedio de 395 millones anuales en sanidad, educación y servicios sociales en la etapa 2009-2021

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, presentó en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico el análisis de la gestión del programa presupuestario “Deuda Pública”, así como su relación con el sistema de financiación y el gasto social, tomando como marco temporal el periodo 2004-2021.

El Consejo de Cuentas aboga por que la Consejería de Economía y Hacienda debería promover una revisión del sistema de financiación autonómica para aproximar los recursos recibidos a las necesidades de gasto reales determinadas mediante un estudio del coste real de un catálogo de servicios común y consensuado por todas las comunidades autónomas.

Amilivia señaló que, con las variables vinculadas al territorio, insuficientemente ponderadas en el modelo actual de financiación con un 3%, no se atiende a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía, perjudicando a comunidades con menor densidad de población. Por ello, el Consejo de Cuentas recomienda incorporar a la despoblación como variable creando un fondo específico a repartir, distinto al del fondo de compensación interterritorial, entre las comunidades que, como Castilla y León, registran menor densidad geográfica

El presidente inició su comparecencia con la evolución del endeudamiento de la Comunidad. Expuso que la deuda (calculada según el protocolo de déficit excesivo, que no incluye los pasivos de las administraciones públicas en poder de otra, créditos comerciales y otras cuentas pendientes de pago) alcanzó en 2021 los 13.215 millones de euros, mientras que en 2004 ascendía a 1.451, experimentando su crecimiento más significativo a partir de 2009, coincidente con la crisis económica y la entrada en vigor del nuevo sistema de financiación autonómica.

Dicho aumento, subrayó, se encuentra por debajo de la media ponderada por el PIB para el conjunto de las comunidades autónomas, y es menos intenso a partir de 2012. Así, el peso relativo que representa la deuda de Castilla y León con respecto al total de las comunidades no ha variado sustancialmente en el periodo analizado, representando el 4% desde 2010.

Si se analiza la deuda en función de sus distintos instrumentos, el porcentaje que representan los préstamos de instituciones financieras a Castilla y León se sitúa en torno al 70% del total. En 2021 suponen 9.233 millones y su incremento con respecto a 2004 es muy significativo, el 1.013%, ascendiendo el importe restante a 3.982 millones en 2021 y correspondiendo a la deuda en valores emitidos, habiéndose incrementado en un 541% con respecto a 2004.