CGT denuncia el “decretazo” de la Junta que amenaza al personal de bomberos forestales en Castilla y León
CGT alerta sobre el proyecto de Decreto-Ley que, según el sindicato, pretende desmantelar progresivamente el Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla y León, afectando a funcionarios y personal laboral sin negociación sindical.
La CGT ha denunciado públicamente el próximo Decreto-Ley impulsado por la Dirección General de Función Pública, mediante el cual la Junta de Castilla y León pretende imponer una serie de medidas al personal de incendios forestales sin haber alcanzado ningún acuerdo con las organizaciones sindicales representativas del sector.
El proyecto afecta tanto al personal funcionario como al laboral, pero según el sindicato, su trasfondo es mucho más grave: constituiría un paso hacia la descapitalización del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, bajo la fórmula de “empleados del sector público”, que encubriría un proceso de privatización progresiva de la gestión entre 2026 y 2028. La gestión se encomendaría a empresas públicas de capital mixto, como Tragsa o Somacyl, cuyos trabajadores no serían empleados públicos, pese a la apariencia de gestión pública.
Desde CGT señalan que las medidas previstas no suponen una mejora estructural ni garantizan una mayor eficacia del operativo, y las califican de “parche cosmético” orientado a la opinión pública. Además, denuncian que las desigualdades salariales existentes se mantienen: los trabajadores que combaten directamente los incendios perciben apenas 75 euros brutos mensuales, mientras otros grupos conservan privilegios intactos.
El sindicato critica también la vía empleada por la Junta para aprobar el Decreto-Ley: “si quieres la firmas, y si no, la dejas”, un procedimiento que consideran evidencia de la falta de diálogo social y de negociación efectiva con las centrales sindicales.
CGT advierte que esta iniciativa, que previsiblemente se publicará de manera inminente en el BOCYL, no soluciona las carencias históricas del operativo, sino que perpetúa los problemas denunciados en los últimos años. Entre las promesas incumplidas, el sindicato recuerda los acuerdos de 2023 sobre reclasificación profesional, reversión de servicios privatizados y aplicación efectiva de la Ley de Bomberos Forestales, que todavía no se han materializado para el personal afectado.
Ante lo que considera un desprecio institucional hacia los trabajadores y hacia las organizaciones sindicales, CGT denuncia la irresponsabilidad política con la que la Consejería de la Presidencia y la Dirección General de Patrimonio Natural están gestionando un servicio esencial para la seguridad de la ciudadanía y la protección del medio ambiente.
El sindicato reafirma su compromiso de continuar luchando junto a los trabajadores y trabajadoras que, con su esfuerzo diario, defienden a la población frente a los incendios forestales en Castilla y León.