Los bajos precios del azúcar ponen en riesgo la siembra de remolacha en Castilla y León
La Alianza UPA-COAG ha solicitado a la Junta de Castilla y León que los agricultores acogidos al contrato agroambiental plurianual de remolacha no sean sancionados con la pérdida de ayudas si deciden no sembrar remolacha durante la campaña 2026/2027, debido a los bajos precios ofrecidos por las industrias azucareras, que hacen inviable la producción económica del cultivo.
Este contrato, conocido en la región como Cultivos Agroindustriales Sostenibles, obliga a los remolacheros a sembrar remolacha durante cinco años para mantener la ayuda agroambiental. Sin embargo, UPA-COAG considera que la situación actual, marcada por precios mundiales del azúcar históricamente bajos, convierte la siembra en una actividad ruinosa económicamente para los productores.
La organización recordó que la ley prohíbe que los agricultores perciban un precio inferior al coste de producción, algo que, según la Alianza, se estaría incumpliendo en la oferta actual de las azucareras. Por ello, se solicita que la ausencia de siembra no sea motivo de resolución del contrato, evitando que los agricultores pierdan la ayuda agroambiental por no sembrar en estas condiciones excepcionales.
UPA-COAG también instó a la Junta a actuar con sensibilidad hacia los remolacheros y, a la vez, aplicar mano dura con la industria, especialmente con Azucarera, que recibe subvenciones públicas pero ha dejado en dificultades a los productores al reducir precios y cesar molturaciones en algunos centros de la región.
“Sería incomprensible exigir a los agricultores un compromiso de permanencia mientras no se reclama lo mismo a las industrias que se benefician de ayudas públicas”, señaló la Alianza, que pidió a la Junta una solución urgente dado que la decisión sobre la siembra debe tomarse en las próximas semanas.
La organización insistió en que esta medida protegería la economía de las explotaciones familiares y evitaría que los bajos precios internacionales del azúcar provoquen pérdidas insostenibles para los agricultores de Castilla y León.