Azucarera cierra La Bañeza, cesa actividad en Miranda y plantea un ERE para 251 empleados

La crisis en el sector remolachero ha alcanzado un nuevo hito con la decisión de Azucarera —filial del gigante británico Associated British Foods (ABF)— de cerrar su planta de producción en La Bañeza (León) y cesar la molturación de remolacha en la fábrica de Miranda de Ebro (Burgos). La medida lleva aparejada la presentación de un expediente de regulación de empleo que afectará a 251 trabajadores, pero sus consecuencias van más allá del ámbito laboral: compromete la viabilidad de un cultivo estratégico para las rotaciones de regadío en Castilla y León.

Desde COAG Castilla y León se habla ya de “la crónica de una muerte anunciada”, tras años de lo que consideran una “suicida política empresarial” por parte de Azucarera. Según la organización agraria, el desmantelamiento del sistema de Acuerdos Marcos Interprofesionales (AMI), que garantizaba la cooperación entre agricultores e industria, ha dejado al sector sin herramientas para negociar en tiempos de crisis.

Para COAG, la empresa “fulminó” estos acuerdos para actuar a espaldas de las organizaciones agrarias, priorizando sus propios intereses con un modelo de “cultivo compartido” de resultados agronómicos “nefastos”. Además, denuncian un sistema de remuneración basado en el precio internacional del azúcar que solo se aplicaba a la baja, penalizando sistemáticamente al productor.

Azucarera ha justificado su decisión por el aumento de los costes de producción, el descenso de los precios del azúcar —presionado por la entrada de producto ucraniano gracias a acuerdos preferenciales con la UE— y la pérdida de superficie de siembra. Pero desde COAG se señala directamente a la empresa como causante de ese abandono del cultivo: “Si a los cultivadores no les salen las cuentas, no van a sembrar”.

A esta situación se suma el problema de los agricultores que en su día firmaron compromisos agroambientales con la administración para mantener el cultivo durante cinco años. Con el cierre de fábricas, muchos de ellos quedan ahora en una situación crítica, especialmente quienes no pueden reconvertir su entrega a ACOR o se ven obligados a transportar su remolacha hasta la planta de Toro, con el consiguiente encarecimiento de los costes.

COAG ha trasladado su solidaridad a los trabajadores afectados, pero también insiste en que no se puede perder de vista el daño estructural para el campo: “Los agricultores también son grandes damnificados”. Por ello, reclama tanto a la empresa como a las administraciones públicas la puesta en marcha de un plan de reindustrialización ligado a la agroindustria, centrado en las zonas más afectadas: La Bañeza y Miranda de Ebro.

“De nada sirve que las grandes industrias consigan respaldo institucional si esos apoyos no llevan aparejados compromisos ineludibles con el territorio”, denuncian. Y advierten de que, si no se actúa, el cierre de Azucarera puede convertirse en un nuevo golpe a la ya castigada economía rural de Castilla y León.