Las autopistas de Castilla y León mantendrán las ayudas estatales al peaje durante 2026
Los usuarios de las autopistas de peaje de Castilla y León seguirán beneficiándose de las bonificaciones estatales durante 2026, tras la decisión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de prorrogar la subvención temporal destinada a mitigar los efectos de la inflación en la subida de las tarifas.
La medida se aplica a las autopistas de titularidad estatal bajo concesión administrativa que discurren por la Comunidad, entre ellas la AP-6, AP-51, AP-61 y AP-66, y forma parte de la política de descuentos impulsada por el Ministerio desde 2018, que ha generado un ahorro acumulado de 660 millones de euros para los usuarios de estas vías en el conjunto del país.
Durante 2025, las bonificaciones han supuesto un ahorro de 155 millones de euros a nivel nacional, una cifra que se verá ampliada con la continuidad de las ayudas en 2026. El Ministerio estima que el importe destinado a esta subvención el próximo año alcanzará los 15 millones de euros, que serán asumidos íntegramente por la Administración General del Estado.
Descuentos para vehículos habituales y transporte profesional
Las bonificaciones al peaje benefician tanto a los vehículos ligeros habituales como a todos los vehículos pesados, contribuyendo a reducir los costes de desplazamiento de los ciudadanos y del transporte profesional, así como a mejorar la competitividad económica del territorio.
En algunas autopistas, los descuentos estaban ya previstos desde la adjudicación de las concesiones, mientras que en otras se incorporaron mediante modificaciones contractuales posteriores, reforzadas especialmente a partir de 2018 y ampliadas en 2022 con la subvención temporal frente a la inflación.
Compensación a las concesionarias
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible compensa a las sociedades concesionarias por la aplicación de estos descuentos, con la colaboración económica de algunas administraciones autonómicas. La retirada progresiva de la subvención se realizará de forma escalonada hasta finales de 2026, evitando un impacto brusco en las tarifas para los usuarios.
Todas las cifras se basan en datos validados hasta septiembre de 2025 y en estimaciones correspondientes al último trimestre del ejercicio.