Así es el nuevo decreto que regula el teletrabajo en Castilla y León

Foto archivo teletrabajo
La norma prioriza conciliación, colectivos protegidos y trabajadores en municipios rurales, vinculando la modalidad a la capacitación digital y a un modelo eficiente y seguro

El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado, a propuesta de la Consejería de la Presidencia, un nuevo decreto que regula la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo para el personal de la Administración General y sus organismos autónomos, excluyendo al personal docente y sanitario. La norma busca consolidar un modelo estable y homogéneo que favorezca la conciliación, la eficiencia y la modernización de la Administración.

El decreto establece que el teletrabajo se reservará a puestos cuyas funciones puedan desarrollarse plenamente a distancia, garantizando siempre la adecuada atención a las necesidades del servicio. Se requiere haber desempeñado el puesto de manera presencial durante un periodo mínimo de seis meses, asegurando un conocimiento previo del trabajo y de su funcionamiento.

Se da prioridad a colectivos de especial protección, como víctimas de violencia de género, personas con discapacidad, empleados que busquen conciliar vida personal y familiar, y quienes residan en municipios con menos de 2.000 habitantes, contribuyendo así a la cohesión territorial y a la lucha contra la despoblación.

El teletrabajo estará vinculado a la capacitación digital, mediante el certificado de competencias digitales recientemente creado por la Junta, y se desarrollará con planes individuales que definan objetivos, organización, seguimiento y días concretos de trabajo a distancia. La modalidad inicial tendrá duración máxima de un año, con posibilidad de hasta dos prórrogas, combinando dos días presenciales y tres a distancia para equilibrar coordinación, flexibilidad y eficiencia.

El decreto incluye formación específica sobre teletrabajo, prevención de riesgos laborales, protección de datos y seguridad de la información, y crea una Comisión de Evaluación que hará seguimiento anual y propondrá mejoras, reforzando la transparencia y la participación sindical.