La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León gastó 1.162 millones en 2022, el 84% en atención a mayores, discapacidad e integración
El Consejo de Cuentas revela en un informe varias deficiencias de gestión e insta a mejorar el control del personal, la tesorería y el inventario del organismo adscrito a la Consejería de Familia
La Gerencia Regional de Servicios Sociales de Castilla y León ejecutó en 2022 un gasto total de 1.162 millones de euros, de los cuales el 84% se destinó al programa principal de “servicios sociales”, centrado en la atención a personas mayores, personas con discapacidad, y la integración social. Así lo refleja el informe de fiscalización financiera elaborado por el Consejo de Cuentas, que analiza la gestión económica del organismo autónomo adscrito a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
El documento detalla que el gasto en servicios sociales ascendió a 975 millones de euros, lo que representa un aumento del 12% respecto al año anterior. Este programa se divide en siete subprogramas, siendo los más relevantes el de servicios sociales básicos e integración social (406 millones), la atención a personas mayores (236 millones) y la atención a personas con discapacidad (175 millones).
Además, el informe señala que la Gerencia destinó 160 millones a pensiones y otras prestaciones económicas, 14 millones a promoción social, 11 millones al fomento del empleo y 2 millones a transferencias a corporaciones locales. La distribución provincial del gasto muestra que casi el 47% de las obligaciones reconocidas no están territorializadas. Valladolid fue la provincia con mayor volumen de gasto registrado, y Soria, la que menos.
Durante ese ejercicio, el presupuesto definitivo de la Gerencia fue de 1.246 millones de euros tras una prórroga de los presupuestos de 2021 y sucesivas modificaciones por valor de 189 millones. El grado de ejecución fue del 93% en gastos y del 96% en ingresos. El resultado presupuestario ajustado fue de 66 millones, y el remanente de tesorería no afectado ascendió a 65 millones, 36 más que en 2021.
En materia de personal, el organismo empleó el equivalente a 5.246 trabajadores, con una temporalidad del 43% y un gasto en personal de 219 millones, que representa el 19% del total del presupuesto. El personal se repartió entre laboral temporal (32%), laboral fijo (31%), funcionarios de carrera (15%), indefinidos (11%) e interinos (11%).
Los gastos corrientes en bienes y servicios aumentaron un 14% respecto a 2021, con un peso destacado de las acciones en materia social, que representaron el 80% del total en este apartado (203 millones de euros). Dentro de este bloque, sobresalen los conciertos y convenios para la atención a personas mayores y con discapacidad, con un gasto de 175 millones.
En cuanto a los ingresos, las transferencias y subvenciones ascendieron a 1.122 millones, un 16% más que el año anterior. De ellos, el 55% procedieron de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, y el 45% de transferencias finalistas de la Administración General del Estado. También se contabilizaron ingresos de la Seguridad Social y de fondos europeos.
Los derechos reconocidos por transferencias de capital aumentaron un 93%, especialmente los procedentes del exterior (412%) y de la Administración del Estado (166%). Estas cuantías se destinaron, en su mayor parte, a programas como el bono social térmico, las pensiones no contributivas, el Plan Corresponsables y la atención a personas en situación de dependencia.
El Consejo de Cuentas apunta en su informe varias salvedades: la ausencia de un inventario completo de bienes y derechos, errores en la contabilización de bajas de inmovilizado, y deficiencias en la tramitación de modificaciones presupuestarias. Además, advierte de una sobrevaloración tanto de ingresos como de gastos vinculados a pensiones no contributivas, y de un cálculo incorrecto del remanente de tesorería por no considerar adecuadamente los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Por ello, el Consejo formula tres recomendaciones clave: ajustar la propuesta de créditos a la elevada temporalidad del personal; no incluir derechos de dudoso cobro en los remanentes presupuestarios; y actualizar el inventario de bienes y derechos para reflejar con fidelidad la situación patrimonial del organismo.