Izquierda Unida exige aclarar la titularidad de la carretera del Caracol antes de que se inviertan más de 600.000 euros en su rehabilitación

Izquierda Unida ha vuelto a exigir al Ayuntamiento de Benavente y a la Diputación de Zamora que aclaren, con documentación oficial, quién es el titular de la carretera del Caracol, una vía de circunvalación muy transitada y deteriorada cuya rehabilitación se encuentra ya en marcha. La formación denuncia que, a día de hoy, ninguna de las dos administraciones ha demostrado de forma fehaciente si ese tramo es de competencia municipal o provincial, a pesar de que está previsto invertir más de 600.000 euros en su arreglo.

La polémica viene de lejos. Ya en diciembre de 2023, IU solicitó al Ayuntamiento los informes jurídico y urbanístico que acreditaran la titularidad del vial, así como su inclusión en el Inventario de Bienes municipal. La respuesta del consistorio, según critica la formación, fue “exigua”: un informe jurídico que certifica una resolución del alcalde de 2015 sin documentación que lo respalde, y una memoria del proyecto de obras que afirma que no será necesaria ninguna expropiación porque los terrenos ya son de propiedad municipal.

La situación llevó a IU a acudir en febrero de 2024 al Procurador del Común, órgano ante el que interpuso una queja que sigue en tramitación. Mientras tanto, el Ayuntamiento ha seguido adelante con el proceso administrativo: a principios de mayo adjudicó a la empresa Alfestal la redacción del proyecto de rehabilitación del firme por casi 12.000 euros. La ejecución de las obras cuenta con un presupuesto de 608.460 euros, de los cuales 553.145 proceden de una subvención de la Diputación y el resto se financiará con fondos propios del Ayuntamiento.

IU no cuestiona la necesidad de reparar la carretera —“hecha unos zorros desde hace años”, recuerdan—, pero insiste en que debe resolverse antes de forma clara a quién pertenece el vial. La formación asegura que, históricamente, siempre se ha considerado de titularidad provincial. Como prueba, aportan declaraciones de responsables políticos y documentos oficiales de los últimos años.

Entre ellas, destacan la reunión del 15 de mayo de 2017, cuando la entonces presidenta de la Diputación, Maite Martín Pozo, reconoció públicamente que la vía era provincial y se comprometió a su arreglo al 50% y posterior cesión al Ayuntamiento. Un acuerdo que nunca se llegó a ejecutar. También recuerdan las palabras del exdiputado de Obras, Manuel Vega, quien afirmó que “en ocho años de diputado y cuatro de asesor, la citada carretera siempre fue provincial y siempre fue reparada por la Diputación”.

Además, según certificaciones de la Secretaría de la Diputación, la ZA-P-1511 —carretera que conecta Benavente con Fuente Encalada y que incluye el trazado del Caracol— figura en el inventario provincial con una longitud de 34,1 kilómetros. Sin embargo, en el mismo documento también se señala que no aparece ninguna vía registrada como “Carretera del Caracol” con esa denominación.

Con todos estos antecedentes, Izquierda Unida ha registrado nuevas preguntas dirigidas a la alcaldesa, Beatriz Asensio, del Partido Popular, exigiendo la documentación que acredite que el tramo es municipal, así como los posibles acuerdos de cesión por parte de la Diputación, si existiesen. “Si la titularidad es municipal, ¿por qué la alcaldía no lo demuestra pública y documentalmente?”, se pregunta la formación.

IU denuncia que el actual equipo de gobierno PP-Vox, que se presenta como adalid de la transparencia, “va a emplear fondos del Plan de Obras para la pavimentación de una vía sin demostrar que le pertenece”. Y advierte de que, si finalmente se confirma que el tramo sigue siendo provincial, podría haber responsabilidades para los miembros del gobierno local por aprobar actuaciones y compromisos de mantenimiento sobre una vía que no es de su competencia.

El grupo considera “muy grave” asumir de facto la titularidad de la carretera sin que esté acreditada, y reitera que su exigencia no es un obstáculo a la mejora del vial, sino una cuestión de legalidad y responsabilidad en la gestión de fondos públicos. “A pesar de todo —concluye IU— se van a invertir más de 553.000 euros de dinero público y, siendo ambas instituciones las posibles titulares de la carretera, aún lo desconocemos los benaventanos”.