La Audiencia Provincial Sección nº 1 de Zamora ha dictado penas de un año de prisión para dos condenados como autores materiales de un delito de trata de seres humanos con finalidad de matrimonio forzoso. Ante esta sentencia cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Los condenados son los progenitores de uno de los jóvenes .-en ese momento también menor de edad- con los que se acordó dicho matrimonio forzoso, y fruto del cual la joven quedó embarazada.
Los hechos, ocurridos entre 2017 y 2018, relatan como la hermana mayor de las dos menores -sobre las que poseía la tutela y por las que pasaron a asentarse junto a su pareja en el municipio de Morales de Toro- acordaron sendos matrimonios forzosos con miembros de familias de su misma etnia y nacionalidad rumana, por los que la pareja recibió una cantidad total de 16.000 euros (8.000 por cada una de las menores, en ese momento de 16 y 17 años de edad).
Los matrimonio se acordaron "pasados unos meses de vivir en dicha localidad previos acuerdos concertados por y con otras dos familias de su misma etnia y nacionalidad rumana". Tal y como consta en la sentencia, las jóvenes "fueron entregadas y recibidas por dichas familias con la finalidad de contraer matrimonio a cambio de determinadas cantidades de dinero, siendo habitual entre la comunidad gitana de Rumanía arreglar los matrimonios de las hijas menores entre los padres de los novios como práctica habitual y admitida entre los miembros de ese grupo étnico".
Las menores fueron entregadas a sus nuevas familias en verano y noviembre de 2018 y ambas quedaron embarazadas durante el tiempo de convivencia con sus nuevas familias, aunque dieron a luz ya bajo la tutela de la Junta de Castilla y León a raíz de las medidas cautelares adoptadas en este proceso.
La sentencia de la Audiencia Provincial se produce tras la denuncia presentada por la Dirección General de la Policía y que llevó al Juzgado de Instrucción de Toro a la apertura de Diligencias previas para la comprobación del delito y culpabilidad de los presuntos reos, que fueron remitidas a este Tribunal por acuerdo del Juzgado de Instrucción con fecha 26 de febrero de 2020.
Ya el Ministerio Fiscal en su escrito de conclusiones provisionales calificó los hechos enjuiciados como constitutivos de un delito de trata de seres humanos con la finalidad de matrimonios forzados, por lo que procedía a imponer penas de hasta 10 años prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Por su parte, la defensa solicitaba la libre absolución al entender los hechos por los que se acusan como no constitutivos de delito. Ya en la celebración del Juicio Oral, el nuevo pliego de conclusiones en el que se aplica como atenuante el reconocimiento de los hechos lo que, unido a la circunstancia eximente incompleta de error vencible de prohibición del Artículo 14-3º del Código Penal, rebajaba la pena de 10 a un año de prisión para cada uno de los acusados.
Por todo ello, la Audiencia Provincial ha acordado ratificar las penas a un año de prisión, sumado a la inhabilitación especial e imposición de costas a la parte acusada a los acusados como autores materiales de un delito de trata.
