El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) mantiene abierta una investigación en Castilla y León contra seis personas en el marco de dos operativos desarrollados entre marzo y abril de 2026, en los que Zamora aparece entre las provincias afectadas por la distribución de productos presuntamente irregulares.
En el primero de los dispositivos, los agentes han investigado a cinco personas tras detectar un presunto fraude en la comercialización de productos lácteos. La actuación se inició al constatarse la venta de quesos bajo una marca cuyos derechos pertenecían a otra empresa inactiva desde hacía más de un año.
Las pesquisas apuntan a que una distribuidora habría adquirido quesos de elaboración industrial para posteriormente reetiquetarlos como productos artesanales de otra marca, ocultando su origen real y redistribuyéndolos en distintas provincias de Castilla y León, entre ellas Zamora, Valladolid y Burgos. Parte de estos alimentos contenían sustancias no declaradas en el etiquetado, lo que podría suponer un riesgo para personas con alergias alimentarias.
El SEPRONA procedió a la inmovilización de todas las partidas y a su destrucción por parte de las autoridades sanitarias, al considerarse no aptas para el consumo.
En un segundo operativo, los agentes inspeccionaron una empresa de distribución de productos congelados donde se localizaron aproximadamente 17.000 kilogramos de alimentos ultracongelados con la fecha de caducidad superada, almacenados junto a mercancía apta para su comercialización. Los informes sanitarios determinaron que estos productos no eran seguros para el consumo humano por incumplimiento de la normativa europea.
Durante la inspección también se detectó la alteración de certificados obligatorios de transporte de mercancías perecederas (ATP), lo que ha derivado en la investigación del gerente de la empresa como presunto autor de delitos de falsificación documental y fraude alimentario.
Las actuaciones se enmarcan en los controles habituales del SEPRONA para la vigilancia de la cadena alimentaria y la protección de los consumidores, orientados a detectar irregularidades en el origen, el etiquetado y la conservación de los productos que llegan al mercado.
