La Plataforma Pro Biorrefinería Barcial del Barco ha pasado la acción dejando panfletos informativos en pueblos cercanos en los que explica el posible boicot de la Junta al proyecto, un "sabotaje" que ha acabado en los juzgados de Zamora.
En la parada de autobús de Granja de Moreruela han aparecido varios de estos folletos con una pieza de remolacha, en los que el colectivo incluye una relación de las empresas que desde 2008 mostraron su disposición a financiar la inversión y que mantuvieron reuniones con representantes del Gobierno autonómico.
Estas sociedades son:
Isolux (2008-2009)
OHL (2013-1016)
FCC (2017-2020)
Acciona (2020-2021)
CABRA (ACS) (2021)
Carburos metálicos (2021)
Según la plataforma, los distintos responsables de la Junta desde 2008 hasta 2021 han intentando convencer a estas multinacionales de no invertir en la planta multifuncional de Barcial del Barco con "excusas" tales como:
-"No han dicho que la JCYL no apoya este proyecto"
-"Que la JCYL no ve el proyecto"
-"La JCYL no habla de este proyecto"
-"Nos han dicho que personas de la JCYL se han opuesto en el pasado a este proyecto y se van a seguir oponiendo en el momento presente"
-"La JCYL nos ha dicho que no quiere para nada que estemos como inversores o accionistas"
-"Sí, es un sabotaje, pero lo suficientemente suave como para que encima no puedas decir nada"
-Nos ha quedado claro que nuestras inversiones en Castilla y León podrían verse perjudicadas si estamos como inversores
-Lo que nos jugamos con nuestras otras inversiones en Castilla y León es tan gordo que no queremos que haya el más mínimo problema, por lo que nos vemos obligados a renunciar a ser inversores o accionistas.
Por último, la Plataforma pro Biorrefinería enumera las consecuencias de lo que califican de "amenazas, presiones y chantajes" ejercidas por la Junta sobre las empresas:
-1.200 millones de euros que dejaron de percibir los agricultores como pago del maíz y la remolacha
-Más de 2.500.000 de toneladas de pulpas que dejaron de adquirir los ganaderos a precios acordados con las OPAS
-Cientos de millones de euros perdidos por los transportistas de Castilla y León
-1.500 millones de euros no generados en impuestos si el etanol es vendido en España
-Miles de puestos de trabajo directos e indirectos no creados
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