El anuncio del plan de choque aprobado este martes por el Consejo de Ministros para tratar de abaratar el recibo final de la luz en torno a un 22% hasta final de años con varias medidas que incluyen bajadas de impuestos, subastas de electricidad, CO2 y limitaciones varias a la subida de los precios del gas de cara a la bajada de las temperaturas y devoluciones de los beneficios cosechados por las eléctricas por los altos precios del gas.
Unas medidas que han despertado las críticas y primeras amenazas por parte de las eléctricas, que consideran que estas medidas son "intervencionistas". La patronal del sector vuelve a culpar al gas como el principal responsable de la continua subida de los precios de la luz en el mercado mayorista e insta al Ejecutivo a buscar soluciones "verdaderamente eficaces" que protejan al consumidor.
Entre las medidas anunciadas por el Gobierno se prevé la devolución de unos 2.600 millones de euros en concepto de beneficios que las eléctricas han obtenido en los últimos años derivados de los altos precios del gas y que la patronal considera "injusta y desacertada". Además, considera que las subastas de energía a compañías independientes no va a servir para rebajar la factura de la luz tal y como ya se comprobó en 2007.
Más firmes han sido las amenazas por parte del sector nuclear que ha vuelto a la carga amenazando con parar su producción si el Ejecutivo sigue adelante con el proyecto de ley del CO2. Considera que esta medida no hace más que penalizarles en un momento en el que están renovando sus autorizaciones de explotación.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha restado importancia a estas críticas al considerar que no es posible el parón planteado por las nucleares.
