Destaca que en los últimos 10 años, en las regiones donde el lobo ha estado protegido al tiempo que se ha permitido su control mediante la caza ha aumentado el número de ejemplares en un 20%, y dónde se ha prohibido lo único que ha aumentado es el número de ataques a la ganadería (casi 14.000 reses en el año 2019).
El control cinegético de la especie protege al lobo, un crecimiento ilimitado y sin control no ayuda a su supervivencia”, asevera
Subraya que todas las Comunidades Autónomas afectadas, la sociedad, las organizaciones profesionales agrarias y los colegios profesionales se han unido contra esta decisión
Acusa al Gobierno de practicar una ideología extrema, de una mal entendida protección de la especie y una clara animadversión contra la ganadería que el PP viene denunciando desde hace tiempo
Denuncia que en febrero, la ministra de Transición Ecológica decidió forzar una votación para prohibir el control cinegético del lobo en España sin razón jurídica ni normativa alguna, sin datos que lo avalen y sin consenso con las autonomías implicadas
Señala que la directiva europea Hábitats permite el control cinegético “para evitar daños graves en especial a los cultivos, al ganado, a los bosques…”.
Resalta que la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación envió un escrito el 3 de febrero de 2021 a las CC. AA. en el que rechazaba la decisión del Ministerio de Transición Ecológica y defendía el control cinegético del lobo.
Remarca que las ganaderías extensivas afectadas, son las mismas a las que han recortado las ayudas de la PAC, las que más están sufriendo por la pandemia, las que más población arraiga en el medio rural y las que más contribuyen a la conservación del medio ambiente.
Insta a todos los diputados de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación a que actúen como tal y defiendan a los agricultores y ganaderos españoles ante los ataques que están sufriendo del Gobierno.
La iniciativa del GPP también reclama revisar la actual normativa de indemnizaciones por daños de fauna silvestre para dotarla de presupuesto suficiente mediante una partida presupuestaria en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y no a través de la Política Agraria Común.
