CSIF insta a la patronal a tener una “voluntad real para alcanzar un acuerdo digno para los trabajadores del transporte sanitario de la Comunidad, que vienen demostrando cada día su profesionalidad y su entrega, y que tienen los peores salarios de España. Las negociaciones no avanzan al ritmo esperado, y los ofrecimientos de la empresa no son suficientes para suplir todas las carencias con las que el colectivo tiene que convivir”.
Este sindicato independiente explica que el convenio colectivo para el personal que presta servicios en el transporte de enfermos por carretera -conocido como convenio de ambulancias- afecta más de 1300 trabajadores/as en Castilla y León. Desde hace una docena de años, las nóminas de los trabajadores no han tenido incrementos, “por lo que no es descabellada la reiteración que se hace, de que los aumentos deberían compensar la falta de subida a lo largo de tantos años, tomando al menos un 3% anual de aplicación sucesiva, como método para compensar la enorme pérdida de poder adquisitivo que correspondería en el acumulado”.
Asimismo, el colectivo sufrió una bajada del 5% de sus salarios, aunque años más tarde se recuperó, sirviendo esta circunstancia de excusa, a la patronal, para “hacer pasar esa recuperación retributiva como una subida salarial, cuando no lo es. Una triquiñuela que sigue queriendo vender”, remarca.
En el caso de los contratos en prácticas, estos se mantienen en torno al 80% del salario que percibe un trabajador fijo de plantilla, lo que deja en indefensión económica a quienes entran a trabajar en esas condiciones. “Y por supuesto, no podemos obviar que Castilla y León encabeza la lista por la cola, en lo que a sueldo se refiere, teniendo solo por debajo a Ceuta y Melilla”, denuncia CSIF, que reclama alcanzar la media salarial nacional, “como punto de partida”.
En lo que a dotación de vehículos se refiere, “una gran parte de ellas se encuentra en un estado de acondicionamiento o reparación”, según CSIF. Muchas de las ambulancias cuentan con 400.000 o 500.000 kilómetros ya cumplidos. Se da la circunstancia de que las ambulancias que se retiran de una provincia, como puede ser Valladolid, se llevan a otras provincias donde el número de servicios es significativamente menor. Algo que “viene a suponer un riesgo añadido en la seguridad, tanto de los trabajadores como de los propios usuarios del servicio. De hecho, se han producido incidentes mecánicos, que han obligado a solicitar la ayuda de otro vehículo”.
Por otra parte, muchas de las bases, en la que los trabajadores del servicio de emergencias realizan las tareas cotidianas durante las guardias (descanso, comidas o cenas) “dejan mucho que desear en cuanto a salubridad, higiene o simple dotación de material para poder llevar a cabo ese descanso, de manera adecuada, en los turnos de 24 horas. La pandemia ha agravado este problema y no se dispone de espacios suficientes que garanticen un mínimo de intimidad”.
El problema se agrava, insiste CSIF, “si pensamos en la Junta de Castilla y León, quien debería ser la más interesada en ofrecer un servicio de calidad, y ser garante de que se cumplan los acuerdos pactados en el contrato público de servicios. Pero parece que, o no son conscientes de ellos, o han decidido mirar hacia otro lado”.
