La plataforma de trabajadores de centros que atienden a personas con discapacidad intelectual en diferentes entidades de Catilla y León han concluido el martes 21 de marzo la ronda de contactos con los representantes de los diferentes grupos parlamentarios que tienen representación en las cortes de Castilla y León.
Han sido dos jornadas intensas con una agenda muy apretada en las que delegados llegados desde León, Burgos, Salamanca, Zamora, Segovia, Ponferrada, Benavente y desde Valladolid han podido explicar la situación de precariedad laboral y económica que vienen sufriendo desde hace años los trabajadores de este sector.
Por su parte, los representantes políticos, que han reconocido la responsabilidad de la administración regional en materia de discapacidad dado que las plazas de atención son mayoritariamente de titularidad públicas han destacado el buen tono de las reuniones, han agradecido conocer de primera mano cuáles son las principales reivindicaciones y se han comprometido a trasmitir las principales demandas que se han planteado.
Los trabajadores, que pertenecen en su mayoría a UGT y CCOO, han recalcado como premisa fundamental que ningún partido político se arrogue o abandere unilateralmente estas demandas, sino que sirvan como base en la creencia de que son necesarias y así sean capaces de impulsarlas desde los acuerdos y no desde las discrepancias, ya que todos ellos han coincidido en calificar de precarias las condiciones que mayoritariamente sufre este sector que atiende a las personas con discapacidad.
La necesidad de concertar desde la administración regional a estos trabajadores, como ocurre en educación es la meta a la que aspiran dado que, como en el sector educativo concertado, sus plazas son públicas, aunque conocedores de que no puede ser de manera inmediata y sí en un periodo medio de tiempo, lo que solicitan es que desde la Cortes de castilla y León se impulse desde ya y en este mismo año un acuerdo autonómico que reconozca esas mejoras necesarias que reconozcan y dignifiquen a los trabajadores que deben prestar atención de calidad a las personas con discapacidad, como ocurre en otras comunidades autónomas. Sin calidad en el empleo no puede haber calidad en la atención ni seguimiento adecuado de los proyectos de vida.
Recuerdan que esta precariedad laboral que sufren los trabajadores del sector está haciendo muy difícil encontrar profesionales con la formación o acreditación oficial para desempeñar estos trabajos y por tanto se está a contratando a cualquier persona, situación que redunda en la calidad de atención que se presta.
El modelo centrado en la persona con discapacidad sólo se puede mantener en el papel si no se dignifican las condiciones laborales y se reconoce sin paliativos la labor de los trabajadores que los atienden y que en su mayoría son puestos de atención directa como cuidadores o auxiliares de enfermería (80%) y que tienen un salario mensual de 1.027,13 €, por lo que las entidades deben implementar con complementos para llegar al Salario Mínimo Interprofesional (1.080 €/mes).
