Fin a la polémica. El Gobierno central ya ha considerado que ya hay una “rectificación oficial” y que Castilla y León ha acatado el requerimiento para abstenerse de aplicar el protocolo antiabortista anunciado la pasada semana por el vicepresidente regional, Juan García-Gallardo.
Y es que, la Moncloa recibió en la tarde de ayer un escrito de la Junta de Castilla y León en respuesta al requerimiento de incompetencia por actuaciones que pudieran vulnerar la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva así como la interrupción voluntaria del embarazo.
Según el escrito del Ejecutivo Central “a la vista de que el gobierno de la Junta de Castilla y León declara en su escrito que “no se ha producido vía de hecho, ni acto tácito alguno, pues nada se ha efectuado ni aprobado en su seno” y que “tampoco nada se ha transmitido posteriormente a los profesionales del sistema público sanitario de la Comunidad de Castilla y León al respecto, ni por escrito ni verbalmente”, el Gobierno considera que el ejecutivo autonómico ha acatado formalmente el requerimiento realizado por haberse abstenido esa comunidad autónoma de adoptar y aplicar, o por haber dejado sin efecto, aquellas actuaciones materiales, protocolos, acuerdos, instrumentos o comunicaciones que, invadiendo las competencias estatales, incumplieran la normativa estatal y menoscabaran los derechos de las mujeres protegidos por nuestro ordenamiento jurídico”.
“Este escrito de acatamiento formal ante los requerimientos efectuados por el Gobierno de España supone una rectificación oficial de la intención inicialmente manifestada por el gobierno de Castilla y León de proceder según lo anunciado el pasado 12 de enero y reiterado en días posteriores.”
Pero añade que "también ayer jueves, en la comparecencia tras el consejo de gobierno, el portavoz del ejecutivo autonómico expresó ante los medios que las nuevas medidas de atención a embarazadas anunciadas en la rueda de prensa de 12 de enero — ofrecer a las mujeres escuchar el latido fetal en las primeras semanas y hacerse una ecografía 4D— seguían adelante.
Según dice el comunicado "el portavoz reconoció que se trata de una “mejora de las prestaciones en el ámbito sanitario” y que la nota de prensa que aún está publicada en la web oficial de la Junta tras el consejo de gobierno del 12 de enero “sigue vigente”. Es decir, que el gobierno autonómico de Castilla y León mantiene su intención de ir más allá de lo que establece la ley orgánica de 2010, en evidente contradicción con el contenido de la documentación oficial remitida".
Por su parte, "el Gobierno de España reitera su preocupación por los anuncios y declaraciones de los máximos responsables de la Junta de Castilla y León, que, en la misma jornada de ayer, apuntaban nuevamente a una voluntad de vulnerar la legislación vigente en materia de interrupción voluntaria del embarazo, circunstancia que en modo alguno el Gobierno de España va a tolerar ni consentir".
