Ante las denuncias de la plataforma ciudadana para la Defensa de la Tierra de Tábara sobre el inicio del expediente de declaración de Utilidad Pública de las plantas fotovoltaicas que pueden instalarse en Pozuelo y Moreruela por el que las empresas podrán realizar expropiaciones forzosas a los propietarios, en su mayoría agricultores, la Junta aclara que la ley ampara este tipo de actuaciones.
Los proyectos de energías renovables se consideran de interés general, por lo que se pueden expropiar tierras a particulares, aunque lo más habitual es que los promotores de los parques eólicos negocien con los propietarios, explicaron técnicos de la Junta durante una rueda de prensa de la delegada Clara San Damián. Los técnicos insistieron en que la ley ampara estas expropiaciones, como sucede cuando una empresa tiende líneas eléctricas.
La delegada de la Junta, Clara San Damián, entiende que este tipo de inversiones son "muy polémicas" y tienen "detractores y defensores", pero incidió en que la Junta se limita "a aplicar la ley" como meros "gestores".
Añade que la normativa para dar paso a este tipo de proyectos es "muy exigente" porque debe ajustarse a las normas europea y del Estado, además de las exigencias que impone Castilla y León, de las que, dijo, "se quejan algunas empresas".
De hecho, San Damián subraya que muchas de estas inversiones no siguen adelante cuando llegan a Medio Ambiente ante el "alto nivel de exigencia" que se pide para poner en marcha proyectos de energías renovables.
El jefe del servicio territorial de Medio Ambiente de Zamora, Manuel Moreno, aclaró que la Junta solo tramita los parques de menos de 50 megavatios, las tres cuartas partes del total de los proyectos que se presentan, mientras que los de más potencia son competencia del Gobierno de España.
Moreno reconoció también que algunos promotores eólicos intentan "sortear" la ley con la fragmentación de proyectos, por lo que desde Medio Ambiente se vigila cada proyecto individual y su relación con otros en el entorno más cercano.
